El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, recomendó el rechazo de la demanda presentada por la empresa NRG Argentina contra la municipalidad de Cipolletti, al considerar que fue interpuesta fuera de los plazos establecidos por la ley. Esta decisión podría frenar los intentos de la compañía de revertir la ordenanza que restringe el tránsito de camiones pesados dentro de la ciudad.
¿De qué trata la ordenanza en disputa?
La normativa 490/23, vigente desde octubre de 2024, prohíbe el tránsito de camiones con más de tres ejes o que superen las seis toneladas dentro de Cipolletti, salvo que su destino final sea en la ciudad. Impulsada por el intendente Rodrigo Buteler, busca proteger la infraestructura vial y mejorar la seguridad en zonas residenciales, afectadas por el paso constante de camiones con insumos para Vaca Muerta.
Los argumentos de NRG Argentina
NRG Argentina, con base en el Parque Industrial de Allen, argumentó que la restricción incrementa sus costos logísticos y afecta la libre circulación, violando principios constitucionales. Además, criticó las rutas alternativas propuestas, como la Ruta 22, señalando que presentan problemas logísticos, especialmente en Neuquén, donde el tránsito pesado se complica por cruces semaforizados.
Un error de plazos que podría costar caro
El dictamen de Crespo se centra en que la empresa presentó su acción un día después del límite legal. Según el Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, los reclamos de inconstitucionalidad deben realizarse dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma, plazo que expiró el 12 de noviembre. NRG ingresó su demanda el 13, lo que, según Crespo, invalida la competencia del STJ para tratar el caso.
La posición del intendente Buteler
Buteler defendió la normativa asegurando que el desgaste de las vías, como las avenidas Perón e Illia, requería medidas urgentes. Aunque se incluyeron excepciones para el Parque Industrial local, las sanciones para los infractores son severas, con multas de hasta un millón de pesos y posibles inhabilitaciones para conducir por 180 días.
El impacto de las obras y los desvíos
La implementación de la ordenanza no estuvo exenta de problemas. Las obras de bacheo en la Circunvalación han obligado a desviar camiones hacia rutas alternativas, como la 151, cuyo puente ferroviario representa otro desafío para el tránsito pesado. Además, se han reportado intentos de evadir la normativa ingresando por calles troncales que cruzan la ciudad.
¿Qué sigue en el caso?
El STJ deberá decidir si sigue la recomendación de Crespo y rechaza la acción por extemporánea, o si evalúa los argumentos de fondo pese al incumplimiento de los plazos. Aunque el dictamen del procurador no es vinculante, podría marcar un precedente sobre la interpretación de los términos procesales.
Un debate de fondo: comercio versus infraestructura
El caso pone en tensión dos intereses clave: la necesidad de proteger la infraestructura urbana y garantizar la seguridad, frente a las demandas del sector privado de mantener costos logísticos competitivos y preservar la libre circulación de bienes entre provincias.
Más allá del fallo: ¿un posible camino en la justicia ordinaria?
Crespo aclaró que la empresa podría llevar el caso a la jurisdicción ordinaria, donde sus reclamos podrían ser evaluados sin la limitación de los plazos procesales. Esto abre una puerta para que el conflicto continúe en otra instancia, prolongando una disputa que refleja las complejidades de la convivencia entre desarrollo urbano e industrial.
Un precedente para futuras ordenanzas
La resolución del STJ tendrá implicancias más allá de este caso, sentando las bases para cómo se manejarán futuros conflictos entre municipios y empresas en el contexto de las actividades relacionadas con Vaca Muerta.
