La discusión por el futuro de las represas hidroeléctricas del Comahue sumó un nuevo capítulo político en Río Negro. A pocos días del tratamiento legislativo del proyecto impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck para establecer un nuevo esquema de retribución económica por la generación de energía, el Partido Justicialista salió a reclamar que los recursos también sean coparticipados a los municipios.
La iniciativa del Ejecutivo provincial será debatida el próximo jueves en la Legislatura y apunta a formalizar el cobro de un canon por el uso del agua, que se sumará a las regalías hidroeléctricas que actualmente percibe la provincia.
Según las estimaciones oficiales, la nueva estructura permitiría incrementar significativamente los ingresos vinculados a la explotación de los complejos hidroeléctricos de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, elevando la recaudación anual desde los actuales 9,5 millones de dólares hasta superar los 40 millones de dólares.
Frente a este escenario, el Partido Justicialista planteó la necesidad de abrir el debate sobre el destino de esos fondos y propuso avanzar en un mecanismo de distribución que incluya a todos los municipios rionegrinos.
A través de un comunicado, las autoridades partidarias sostuvieron que la renegociación de las concesiones hidroeléctricas representa una oportunidad histórica para garantizar una distribución más equitativa de los recursos generados por una actividad estratégica para la provincia.
Desde el PJ remarcaron que las regalías hidroeléctricas no forman parte actualmente del régimen de coparticipación municipal y consideraron que la futura recaudación derivada del nuevo canon debería contemplar un esquema de reparto automático y transparente.
La propuesta apunta a que los recursos no queden exclusivamente bajo administración provincial, sino que también puedan fortalecer las finanzas locales, permitiendo financiar obras de infraestructura, servicios públicos y proyectos de desarrollo en las distintas localidades.
El presidente del Partido Justicialista de Río Negro, Sergio Hernández, sostuvo que los ingresos generados por las represas constituyen un patrimonio de todos los rionegrinos y que, por lo tanto, su distribución debe reflejar un criterio de equidad territorial.
Además, señaló que la obra pública y las inversiones financiadas con recursos provinciales no deberían depender de decisiones discrecionales, sino de mecanismos institucionales que garanticen igualdad de oportunidades para todos los municipios.
El debate se produce en momentos en que la Provincia busca consolidar una mayor participación en los beneficios económicos derivados de la explotación hidroeléctrica, en el marco del proceso de redefinición de las concesiones de las principales represas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén.
La iniciativa oficial cuenta con expectativas favorables dentro del gobierno provincial debido al fuerte incremento de recursos que podría representar para las arcas públicas, aunque la discusión sobre cómo distribuir esos fondos promete convertirse en uno de los puntos centrales del tratamiento legislativo.
Con la sesión prevista para la próxima semana, el debate sobre las represas comienza a trascender la cuestión energética para instalarse también en el terreno político, donde oficialismo y oposición ya discuten cuál debe ser el destino de los recursos que generará una de las actividades estratégicas más importantes de la región.
