La Justicia Electoral Federal suspendió por un año los aportes públicos al Partido Justicialista de Río Negro debido a la falta de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2022. La sanción implica la pérdida de más de un millón de pesos asignados por la Nación.
El Partido Justicialista (PJ) de Río Negro ha sido sancionado por la Justicia Electoral Federal y se quedará sin los aportes públicos anuales correspondientes a este año, debido a la falta de presentación y aprobación de su balance de ingresos y egresos del 2022. Esta decisión fue tomada por el juez electoral Hugo Greca, quien resolvió suspender por un año la transferencia de fondos que le correspondían al PJ, cuya cifra superaba el millón de pesos.
La Justicia Electoral había advertido desde mediados de 2023 que el PJ no había cumplido con la presentación de su rendición de cuentas, lo que inicialmente derivó en una multa equivalente al 10% de los fondos asignados para el 2024. Sin embargo, al persistir el incumplimiento, la sanción se incrementó al 20% y, finalmente, se resolvió la suspensión completa de los aportes por un año.
El fallo del juez Greca fue contundente, señalando que los responsables del partido, Sergio Hernández (presidente) y Claudia Montanaro (tesorera), no presentaron en tiempo y forma la información sobre el manejo de los fondos recibidos durante el 2022. Esto condujo a que la Justicia decretara la pérdida del derecho a recibir aportes, contribuciones y otros recursos de financiamiento público, de acuerdo con la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.
El reparto de recursos a los partidos políticos está regulado por la Ley 26.215, que establece la distribución de fondos públicos para garantizar el funcionamiento de las fuerzas políticas. Estos fondos se destinan al “desenvolvimiento institucional”, la “capacitación y formación política”, y las campañas electorales. El 20% de los fondos se distribuyen de manera igualitaria entre todos los partidos reconocidos, mientras que el 80% restante se asigna en proporción a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales.
En julio, la Justicia ordenó el pago de aportes a diez organizaciones políticas de Río Negro, por un total de 9,1 millones de pesos. Entre los beneficiados, Juntos Somos Río Negro (JSRN) recibió más de 2,4 millones de pesos, el Movimiento Popular Rionegrino casi 1,3 millones, y el ARI 1,2 millones, entre otros. El PJ, sin embargo, quedó fuera de esta distribución debido a la suspensión de su asignación.
El año 2022 fue particularmente complejo para el Partido Justicialista de Río Negro. La renuncia de Alejandra Mas a la presidencia del Consejo y su reemplazo por Sergio Hernández reflejaron las tensiones internas del partido. Las diferencias entre el sector alineado con el senador Martín Doñate y el liderado por Martín Soria y su hermana, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, se intensificaron en el segundo semestre del año. Este quiebre interno se profundizó con el acercamiento de Doñate al entonces senador y actual gobernador Alberto Weretilneck, en el marco del proceso electoral de 2023.
Consecuencias legales y posibles sanciones adicionales
El expediente judicial N° 1116/2023, que detalla las irregularidades en las cuentas del PJ, ha sido remitido al fiscal correspondiente para que evalúe la imposición de sanciones adicionales. La ley prevé que, ante incumplimientos como este, los partidos pueden perder el derecho a recibir aportes por un plazo de uno a cuatro años, así como fondos para financiar campañas en una o dos elecciones consecutivas.
Repercusiones para el partido
La sanción impuesta por la Justicia representa un golpe para el Partido Justicialista de Río Negro, que se ve privado de los recursos públicos necesarios para su funcionamiento institucional y preparación electoral. A pesar de ello, el PJ deberá enfrentar esta nueva etapa con las limitaciones impuestas, mientras sus dirigentes intentan recomponer el orden interno en un escenario político local que sigue marcado por la fragmentación y la falta de consenso.
El futuro del partido dependerá en gran medida de cómo logre resolver sus problemas internos y de si puede recuperar el acceso a los fondos públicos en los próximos años. Mientras tanto, el panorama para el justicialismo rionegrino sigue siendo incierto, tanto en el plano político como en el económico.
