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El pronunciamiento municipal se conoció luego de varias horas de tensión en ese sector estratégico que conecta a Junín de los Andes con San Martín de los Andes. Durante la mañana y parte de la tarde, un grupo de manifestantes mantuvo interrumpida la circulación, lo que provocó extensas filas de vehículos y complicaciones para el tránsito en plena temporada turística.
En el comunicado, el Municipio fue enfático al remarcar que el desalojo fue ejecutado exclusivamente por fuerzas de seguridad federales, en el marco de sus competencias sobre rutas nacionales. “El Municipio no decide, no ordena ni dirige este tipo de operativos, ni el modo en que se ejecutan”, señalaron, con el objetivo de despegar a la gestión local de cualquier responsabilidad directa sobre lo ocurrido.
Desde el Ejecutivo explicaron que las decisiones vinculadas a la circulación y al control del orden público en rutas nacionales corresponden al ámbito federal, y que el municipio carece de atribuciones para intervenir en ese tipo de procedimientos, aun cuando el conflicto tenga origen en un reclamo de trabajadores municipales.
El operativo comenzó alrededor de las 14:30, cuando efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval avanzaron para liberar la traza. La medida respondió a una protesta que implicaba la interrupción total del tránsito, generando serias complicaciones en ambos sentidos de la Ruta 40.
Durante varias horas no circularon vehículos por la zona y se registraron kilómetros de autos detenidos. Los manifestantes denunciaron represión y episodios de violencia, mientras que desde las fuerzas de seguridad se indicó que el accionar se dio en cumplimiento de las directivas vigentes para garantizar la libre circulación.
Reclamo laboral y conciliación obligatoria
El corte fue protagonizado por trabajadores municipales contratados bajo la figura de “entrenamiento laboral”, quienes reclaman mejoras salariales, reconocimiento de funciones y una salida laboral formal. Según expresaron, muchos llevan más de diez años desempeñando tareas esenciales sin estabilidad ni derechos laborales plenos.
Entre las funciones que cumplen se encuentran tareas en la planta de reciclaje, limpieza urbana, trabajos administrativos y otros servicios considerados clave para el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Los trabajadores reclaman ingresos que se acerquen a la canasta básica y un proceso de regularización laboral.
En paralelo a los hechos ocurridos sobre la Ruta 40, el conflicto registró un avance con la notificación de una conciliación obligatoria por parte del área de Trabajo, que convocó a una reunión entre las partes para intentar destrabar la situación. La audiencia fue fijada para esta semana.
Este punto también fue mencionado por el Ejecutivo local, que en su comunicado reafirmó su compromiso con el diálogo institucional como vía para resolver el conflicto. “El Gobierno Municipal lamenta los hechos de violencia ocurridos y reafirma su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas”, indicaron.
Desde la Municipalidad de Junín de los Andes insistieron en que continuarán actuando dentro del marco legal, acompañando los procesos institucionales correspondientes y priorizando el bienestar general de la comunidad, mientras el conflicto permanece bajo seguimiento.