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El juicio por una de las estafas más graves con fondos públicos ocurridas en Neuquén comenzará este lunes 21 de julio, con 14 personas en el banquillo de los acusados, entre exfuncionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social, y con el trasfondo de un año electoral que le añade tensión política al proceso.
La fiscalía buscará demostrar que entre septiembre de 2020 y julio de 2022 operó una organización ilícita que desvió más de mil millones de pesos –a valores actualizados– de programas destinados a subsidiar a personas desocupadas. La maniobra se concretó a través de la apropiación de tarjetas de débito emitidas a nombre de los beneficiarios reales, sin su autorización.
Cinco niveles de organización
Según la acusación, la estructura delictiva tenía cinco niveles jerárquicos. En la cúspide estaban Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Marcos Osuna, Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social) y Tomás Siegenthaler (Coordinador Provincial de Administración). Ellos tres primeros fueron los únicos que estuvieron detenidos con prisión preventiva y hoy cumplen arresto domiciliario.
A ellos se suman otros funcionarios y agentes estatales, distribuidos como colaboradores, recaudadores y extractores de fondos. La fiscalía calcula que hubo al menos 9.303 extracciones indebidas.
Delitos y penas posibles
Los delitos imputados son asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial. Si son hallados culpables, los organizadores podrían enfrentar entre 6 y 8 años de prisión efectiva. En paralelo, la fiscalía de Estado busca recuperar el dinero y varios bienes de los acusados ya fueron embargados a la espera de una sentencia firme.
Colaboradores, condenados y ausentes
Además de los 14 que irán a juicio, ya hubo 9 condenas mediante acuerdos abreviados. Cumplen penas en suspenso tras admitir su responsabilidad. Cuatro personas fueron sobreseídas por colaborar con la investigación y testificarán en el juicio como testigos clave.
El único que no estará presente es Julio Arteaga, auditor de la Contaduría General, cuyo juicio fue pospuesto por razones de salud.
Cruce con la política
El proceso se da en medio de una campaña electoral nacional y con sospechas sobre los límites de la investigación: ¿por qué no se indagó más atrás en el tiempo?, ¿por qué no hay implicados de mayor jerarquía política?, ¿qué papel tuvo el Banco Provincia de Neuquén?
El gobernador Rolando Figueroa, que asumió tras el período investigado, fue categórico: “Queremos presos” y reclamó que se investigue también al banco provincial.
Cómo será el juicio
El debate oral se extenderá hasta septiembre. Se citarán a 211 testigos y habrá audiencias diarias. La acusación estará a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Manuel Narváez. Actuará como querellante la fiscalía de Estado. El tribunal estará integrado por Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla.
Las defensas estarán a cargo de abogados particulares y defensores oficiales. En un hecho poco frecuente, uno de los imputados, el abogado Alfredo Cury, se representará a sí mismo y también a otro acusado, Ricardo Soiza.
La sentencia se espera antes del 26 de octubre, justo en la antesala de las elecciones legislativas. Las partes podrán apelar ante instancias superiores, incluido el máximo tribunal del país.
