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Neuquén AR

El juez laboral amplió la protección a la mujer policía que se encadenó en Neuquén

Constanza Parra denunció corrupción, maltrato y violencia de género en una comisaría de Villa Pehuenia. El comisario implicado fue desplazado y deberá dejar la vivienda institucional.

El caso de la cabo de Policía Constanza Parra, quien se encadenó a la Casa de Gobierno de Neuquén para exigir respuestas a sus denuncias internas, dio un nuevo giro este lunes cuando el juez laboral de Zapala, Marcos Recupero, amplió las medidas de protección a favor de toda su familia.

Parra, con 10 años de servicio y madre de hijos menores, vive en Villa Pehuenia, donde se desempeñaba hasta hace poco. La suboficial denunció a sus superiores –el comisario Héctor Baigorria y el oficial principal Rafael Villar– por maltrato laboral, violencia de género y presuntas irregularidades con fondos de adicionales.

Pese a que había presentado sus denuncias en febrero, no hubo avances significativos hasta que, la semana pasada, se encadenó a una baranda frente a la Casa de Gobierno en Neuquén capital. Ese gesto, que ella misma describió como “una humillación necesaria”, despertó una ola de repercusiones y apoyo de colegas de otras provincias.

Avances en la causa

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, recibió a Parra y ordenó acciones inmediatas. La primera fue la suspensión del comisario Baigorria, quien tiene tiempo hasta este martes para devolver las llaves de la casa institucional que ocupa en Pehuenia. La vivienda está a solo una casa de distancia del domicilio de la denunciante.

El juez Recupero amplió la perimetral en beneficio de toda la familia de la cabo, dado que sus hijos asisten a la escuela en la misma localidad y podrían cruzarse con el oficial investigado.

Además, se analiza si Baigorria puede solicitar el retiro como estrategia para eludir la investigación. Según aclaró Nicolini, el pedido es posible, pero su aprobación dependerá del Poder Ejecutivo.

Denuncias y represalias

Parra no es la única afectada. Suboficiales allegados a ella, que respaldaron sus denuncias, fueron trasladados a Zapala en aparente represalia. Aún no se resolvió si podrán regresar a sus puestos en Pehuenia.

La policía continúa con licencia desde el 7 de febrero, pero con un alivio reciente: ya no deberá trasladarse todos los meses a la capital para entregar el certificado médico. Esa exigencia fue suspendida tras el episodio de la semana pasada.

Su abogado, Gustavo Lucero, afirmó que Parra está dispuesta a volver a su puesto, pero también a seguir hasta el final con su reclamo. “No va a dar un paso atrás”, sostuvo.

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