El Ejecutivo ya tiene lista la medida para quitarle la pensión a la expresidenta Cristina Kirchner y oficializará mañana la medida a través de una resolución de la ANSES. El exvicepresidente percibe $6.814.272 mensuales según el último informe de gestión.
El Gobierno prepara también una resolución para quitarle la jubilación de privilegio a Amado Boudou. El exvicepresidente percibe $6.814.272 mensuales según el último informe de gestión que presentó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso.
El Ejecutivo ya tiene lista la medida para dar de baja la pensión a Cristina Kirchner, que oficializará mañana el titular de la ANSES, Mariano de los Heros. La expresidenta recibe $23.359.102 brutos, que se componen de su asignación como expresidenta y de la pensión del exjefe de Estado Néstor Kirchner.
La Casa Rosada asegura que dará de baja todas las asignaciones de privilegio de exfuncionarios condenados por la Justicia. La Corte Suprema confirmó en 2020 la sentencia de Boudou por la causa Ciccone, que lo convirtió en el primer vicepresidente condenado por corrupción.
La Cámara de Casación confirmó ayer la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción en la causa Vialidad. Apelará al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario.
El gobierno espera que haya una escalada judicial por la quita de jubilaciones de privilegio a Kirchner y Boudou y ya prepara la defensa, que caerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, en caso de efectivizarse una respuesta de la exmandataria.
La Casa Rosada se respalda en la Ley 24.018, que establece los lineamientos para las pensiones de expresidentes y vices. En Balcarce 50 sostienen que van a hacer foco en el “mal desempeño”, que se detalla en los artículos 53, 59 y 60. Estos dan lugar a la remoción del cargo por juicio político.
Desde el Gobierno argumentan que “debe entenderse referida también a las causas de responsabilidad que dan lugar a la remoción en el cargo, y no sólo al mal desempeño, sino asimismo al delito en el ejercicio de sus funciones y a los crímenes comunes”.
El Ejecutivo invoca también el artículo 53 de la Constitución Nacional. “Que el mal desempeño expresa una regla legal de amplitud por la cual, la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal ante la comisión de delitos en ejercicio de la función pública”, agrega la medida que se oficializará mañana.