El Gobierno será querellante en la causa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por retención indebida de tributos. Será por medio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que impulsa la investigación iniciada por acción inicial de la Dirección General Impositiva (DGI). Se trata del expediente en el que están imputados tanto Tapia como su mano derecha, el Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El monto investigado asciende a más de $19.300 millones.
El juez en lo penal económico, Diego Amarante, a cargo de la causa, aceptó como querellante a ARCA, en una decisión que le permitirá al organismo ser parte del expediente y pedir medidas de prueba, entre otras medidas clave para el expediente.
ARCA advirtió que la AFA retuvo fondos que luego no fueron depositados dentro de los plazos legales: “La maniobra atribuida a la AFA consiste en haber actuado como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la Seguridad Social, practicando efectivamente las retenciones a terceros obligados, omitiendo luego ingresar al Fisco los importes retenidos dentro del plazo legal”.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62, con períodos cuestionados abarcan desde marzo de 2024 hasta julio de 2025, tanto en materia tributaria como previsional.
Desde el organismo recaudador aclararon que los $11.759 millones denunciados corresponden solo a esta nueva presentación y que ese monto se suma a lo señalado previamente en la causa. Con ambas imputaciones el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados en tiempo y forma.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
ARCA destacó: “La AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
