El Gobierno de Río Negro pidió una prórroga de 30 días hábiles para responder un pedido de informes presentado en la Legislatura provincial, en el marco de una operación inmobiliaria que involucra la compra de más de 14.000 hectáreas con fondos vinculados a una supuesta donación del Estado de Emiratos Árabes Unidos.
La solicitud fue realizada por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Julia Mosquera, a pedido del ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, quien argumentó la “complejidad técnica” que requiere la recopilación de la información solicitada por los legisladores.
El expediente fue impulsado por el bloque Vamos con Todos y lleva la firma de la legisladora Magdalena Odarda, quien reclamó precisiones sobre la operación mediante la cual el expolista Hugo Alberto Barabucci habría adquirido un extenso predio en la región andina, en el que también interviene un fideicomiso privado.
Según los fundamentos del pedido parlamentario, el propio Barabucci habría declarado en sede judicial que parte de la compra del campo se realizó con una “donación sin cargo” de 2 millones de dólares provenientes del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Esa afirmación encendió alertas en la oposición, que reclama saber si los organismos provinciales verificaron el origen de los fondos y la legalidad de la transacción.
Entre las consultas elevadas al Ejecutivo se incluyen pedidos de información sobre la titularidad del predio, su posible ubicación en áreas de frontera o reserva natural, y eventuales controles vinculados a la Ley 26.737 de protección de tierras rurales, que regula la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros o mediante estructuras societarias.
Los legisladores también solicitaron precisiones sobre los mecanismos de control aplicados por la Provincia para descartar posibles maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas u otros delitos complejos, además de eventuales intervenciones de organismos ambientales y de recursos hídricos.
Otro de los puntos del requerimiento apunta a determinar si el predio se encuentra dentro de zonas sensibles, como áreas de reserva o cercanas a nacientes de cursos de agua, y si se realizaron estudios de impacto ambiental o instancias de consulta a comunidades indígenas.
La oposición además pidió información sobre el eventual vínculo del fideicomiso involucrado con otras sociedades, así como sobre la existencia de propiedades adicionales en la provincia a nombre de los actores mencionados en la operación.
Con la prórroga solicitada por el Ejecutivo, el debate queda en pausa en la Legislatura, mientras crece la expectativa por la respuesta oficial en un caso que combina cuestionamientos sobre transparencia, control estatal y el origen de inversiones en tierras rurales estratégicas de la provincia.
