El Gobierno define un despliegue limitado para la movilización del Día de la Memoria, evitando el uso de tácticas de represión y priorizando la vigilancia en la desconcentración.
El Gobierno Nacional ha confirmado los detalles del operativo de seguridad para la marcha del 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, que se llevará a cabo en conmemoración del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. A diferencia de otras movilizaciones, no se implementará el protocolo antipiquetes, y la presencia policial será moderada, según han informado fuentes del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.
Un operativo moderado y coordinado
El dispositivo de seguridad se coordinará de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Horacio Giménez, y se enfocará principalmente en la regulación del tránsito y el monitoreo de la marcha, que comenzará desde la ExEsma y finalizará en la emblemática Plaza de Mayo. Aunque el Gobierno no prevé incidentes, se tomará especial atención en la fase de desconcentración de los asistentes, dado que en años anteriores se han identificado intentos de infiltrados violentos que pueden generar disturbios.
Desde la cartera de Seguridad aseguraron que, en principio, la marcha se espera pacífica, aunque se realizarán controles preventivos para evitar cualquier tipo de altercado, especialmente cerca de la Casa Rosada.
Un giro tras los incidentes del 12 de marzo
La decisión de suavizar el despliegue policial llega luego de las críticas por los excesos de la represión durante las protestas del 12 de marzo, cuando un fotoperiodista resultó herido por una cápsula de gas lacrimógeno. Ese incidente fue percibido como un error por algunos sectores del oficialismo, que temen que el uso excesivo de la fuerza pueda afectar negativamente la imagen pública de Patricia Bullrich, una de las principales aliadas del presidente Javier Milei.
Este cambio de enfoque busca dar señales de moderación en el trato con los manifestantes, preservando la seguridad sin recurrir a medidas drásticas. Así, el Gobierno espera mantener el carácter conmemorativo de la jornada y garantizar el derecho a la protesta pacífica, mientras se mantiene atento ante cualquier intento de alteración del orden público.
