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El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de desregulación al modificar el régimen de comercialización e importación de pilas y baterías primarias, una decisión que apunta a reducir trámites administrativos, reconocer certificaciones emitidas en el exterior y agilizar el ingreso de estos productos al mercado argentino.
La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta de las áreas de Ambiente y Producción y se enmarca en la estrategia impulsada por la gestión del presidente Javier Milei para eliminar requisitos considerados burocráticos y reducir costos para empresas e importadores.
Uno de los principales cambios es la eliminación de las autorizaciones previas para importar y comercializar pilas y baterías. A partir de ahora, las empresas podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos mediante declaraciones juradas acompañadas por informes de ensayo o certificaciones emitidas por organismos reconocidos internacionalmente.
De esta manera, productos que ya hayan sido evaluados y certificados en mercados como Estados Unidos, Europa o Japón no deberán repetir el proceso completo en Argentina, como ocurría hasta ahora.
Desde el Gobierno sostienen que el régimen anterior obligaba a realizar certificaciones locales incluso cuando los productos ya contaban con validaciones internacionales, lo que generaba mayores costos y demoras para fabricantes, importadores y consumidores.
La reforma también establece que los controles pasarán a ser posteriores a la comercialización. Es decir, el Estado verificará el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales mediante auditorías documentales y controles físicos, en lugar de exigir autorizaciones antes del ingreso de los productos al mercado.
Según las autoridades nacionales, el objetivo es concentrar los esfuerzos de fiscalización en el cumplimiento efectivo de las normas y no en procedimientos administrativos que consideran redundantes.
La nueva reglamentación mantiene vigentes los límites permitidos para sustancias potencialmente contaminantes como mercurio, cadmio y plomo. Los productos que excedan esos parámetros continuarán siendo considerados residuos peligrosos y podrán ser sancionados conforme a la legislación ambiental vigente.
Otro de los cambios relevantes es la digitalización total de los trámites, que deberán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), eliminando gran parte de la documentación física que exigía el esquema anterior.
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado defendieron la medida al considerar que permitirá reducir costos para numerosos productos de uso cotidiano que funcionan con pilas y baterías, entre ellos juguetes, relojes, controles remotos, calculadoras, linternas y dispositivos electrónicos.
La normativa también contempla un período de transición para que laboratorios, certificadoras y empresas adapten sus procedimientos al nuevo sistema, mientras que los certificados emitidos bajo el régimen anterior continuarán vigentes hasta su vencimiento.
Con esta decisión, el Gobierno suma una nueva flexibilización dentro de su programa de apertura comercial y simplificación regulatoria, con el argumento de promover mayor competencia, reducir costos y facilitar el acceso de bienes importados al mercado argentino.
