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El gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto para avanzar con la privatización parcial del 49% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La norma establece que un 44% se pondrá a la venta en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante será otorgado a los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada, manteniendo al Estado Nacional el control estratégico de la empresa.
La operación se limitará al 49% debido a lo estipulado en la Ley de Bases 27.742, que exige que el Estado conserve la participación mayoritaria de la compañía. Además, la normativa aclara que decisiones sobre ampliación de capacidad, salida de servicio de centrales o incorporación de accionistas que afecten el control requieren voto afirmativo del Estado.
Actualmente, el 79% de las acciones de NA-SA pertenece al Ministerio de Economía, un 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% restante a Enarsa. El decreto prevé transferir las participaciones de CNEA y Enarsa al Ministerio de Economía antes de concretar la venta, con la coordinación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dirigida por Diego Martín Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
A diferencia de otras compañías estatales, NA-SA registra superávit: en el primer trimestre de este año reportó ganancias por $17.234 millones. Las centrales nucleares de la empresa suman 1.763 MW de potencia instalada, equivalente al 4,1% del total nacional, y generaron en 2024 el 7,35% de la energía del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Este año, la contribución será menor debido a que Atucha I salió de servicio por 20 meses desde septiembre de 2024 para ejecutar su proyecto de extensión de vida útil, que incluye la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II y demanda una inversión de US$ 700 millones.
No es la primera vez que se intenta privatizar la compañía. Durante la presidencia de Carlos Menem, en 1994, se desmembró la CNEA y se creó NA-SA con la intención de venderla totalmente. Sin embargo, la medida fracasó debido a la resistencia sindical y política, así como al bajo interés privado, que consideraba los riesgos asociados a la gestión de centrales nucleares demasiado altos.
Con este nuevo intento, el Gobierno apunta a atraer inversores privados sin comprometer el control estatal, asegurando que los activos nucleares sigan siendo estratégicos para el sistema energético nacional.
