El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Ministerio de Economía tomó la determinación de llevar los precios de las prepagas al valor del último mes de 2023
El Gobierno dispuso dar marcha atrás con los aumentos en la medicina prepaga a diciembre de 2023. Esto aplicará para un grupo de compañías que representan al 75% de los afiliados. En cambio, aplicarán un ajuste por inflación durante los próximos seis meses.
El conflicto entre la administración de Javier Milei y las empresas de medicina prepaga transita horas decisivas. El Gobierno confirmó que presentará una medida cautelar este miércoles en la Justicia para retrotraer los aumentos que llegaron después de la desregulación dictada en el “megadecreto” de diciembre. Las subas promedian el 165% en lo que va del año.
Se trata de una decisión tomada en conjunto entre la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, como informó ayer LA NACION.
Voceros de las prepagas advirtieron que retrotraer precios podría provocar “un colapso grave del sistema”, ya que el dinero que ingresó por los incrementos de 2024, se usó. “Esa plata no está, se usó para cubrir insumos, salarios y prestaciones”, resumió un representante de las empresas.
Además, en las últimas horas la renuncia de Claudio Belocopitt a la conducción de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a las empresas de medicina privada, también sacudió el tablero de esta negociación. El ahora expresidente de la UAS habló de sí mismo como un posible obstáculo para conseguir soluciones superadoras en la puja por los precios. Pese a eso, el Gobierno no alteró su estrategia judicial contra las prepagas.
En lo que va del año, distintos particulares presentaron cautelares para frenar los aumentos. En ningún caso el Gobierno fue quien accionó dicha vía judicial. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre hasta cuándo buscarán retrotraer las cuotas: enero, o febrero.
Según los números del Gobierno, las prepagas habrían incurrido en una “conducta abusiva coordinada”. El Ejecutivo sostiene que registró subas entre enero y abril que oscilan entre 142,7% y 163,9%. Al desagregar esa información, se observa que en enero las variaciones en las cuotas de esas cinco empresas habrían fluctuado entre 39,8% y 44%; entre 27,5% y 29,4% en febrero; en marzo, entre 19% y 22,9% y en abril, entre 14% y 18,9%.
A su vez, este miércoles vence el plazo que tiene la Superintendencia de Servicios de la Salud para entregar su informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía.
Esta es una instancia administrativa, pero no menos importante, ya que el ente podría llegar a aplicar sanciones en caso de verificar la supuesta colusión que investiga. En otras palabras, si la Comisión diera por probada una cartelización podría dictar multas económicas, tal como establece la ley 27442 de defensa de la competencia.
Fuente TN
