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Tras una auditoría interna, el Ministerio de Economía avanzó con el cierre del organismo y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Según cifras oficiales, demandaban $9.000 millones mensuales y destinaban la mayor parte del presupuesto al pago de salarios.
En el marco de la política de reducción del gasto público, el Gobierno nacional resolvió eliminar el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, luego de una auditoría que expuso una estructura considerada sobredimensionada, con escaso impacto productivo y un elevado costo fiscal.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Economía como parte del proceso de revisión y reordenamiento de organismos estatales que, de acuerdo al diagnóstico oficial, no justificaban el volumen de recursos asignados ni cumplían funciones estratégicas acordes a su presupuesto.
Una estructura amplia y costos elevados
Según los datos difundidos por el Ejecutivo, el instituto contaba con 964 empleados distribuidos en todo el país, además de 160 delegaciones y dos sedes centrales ubicadas en Catamarca y Santiago del Estero. La auditoría también relevó una flota de 204 vehículos oficiales y una organización interna en la que uno de cada tres trabajadores tenía rango de delegado.
Con la disolución del organismo, la estructura será reemplazada por una dirección con apenas 64 empleados, lo que implica la eliminación de cerca de 900 cargos. Desde Economía indicaron que muchos de esos puestos no tenían funciones productivas claramente definidas.
Presupuesto concentrado en salarios
Uno de los puntos centrales del informe fue la composición del gasto. El 85% del presupuesto del instituto se destinaba al pago de sueldos, mientras que solo una porción menor se volcaba a acciones directas vinculadas a la producción o al fortalecimiento de la agricultura familiar.
El costo total del organismo ascendía, según cifras oficiales, a unos 9.000 millones de pesos mensuales, un monto que el Gobierno considera incompatible con el actual esquema de ajuste fiscal y equilibrio de las cuentas públicas.
Cuestionamientos a las transferencias de fondos
Desde el Ministerio de Economía también se cuestionó el sistema de transferencias discrecionales que se realizaban a cooperativas, organizaciones sociales y municipios. Según el diagnóstico oficial, esos aportes carecían de controles efectivos sobre resultados, impacto o eficiencia en el uso de los recursos.
La combinación de personal excesivo, múltiples sedes, flota vehicular sobredimensionada y mecanismos de financiamiento poco transparentes fue señalada como evidencia de una gestión deficiente del gasto público.
Sin impacto en la producción, según el Gobierno
Un dato subrayado por el Ejecutivo es que, pese a la eliminación del instituto, no se registraron reclamos formales por parte de productores ni actores del sector agropecuario. Desde el Gobierno aseguran que la medida no afectará la actividad productiva ni el acompañamiento a los pequeños productores.
Las funciones consideradas esenciales serán absorbidas por estructuras más reducidas, con el objetivo de concentrar recursos, mejorar la eficiencia y reducir el peso del Estado en áreas que, según el nuevo enfoque oficial, no lograron cumplir los objetivos para los que fueron creadas.
