Hace meses que el conflicto por los lotes de la Cooperativa 127 Hectáreas se convirtió en una caja de Pandora jurídica, política y social. Ahora, en el marco de una mediación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, la provincia analiza una propuesta de compensación que podría superar los 4.000 millones de pesos, a cambio de desactivar causas penales y reactivar obras pendientes.
Según los damnificados, ese monto surge de estimaciones que calculan un costo de entre 7 y 8 millones de pesos por lote para completar servicios esenciales (agua, luz, gas, cordón cuneta), multiplicado por aproximadamente 620 lotes que quedan por urbanizar. De esos, 340 corresponden a vecinos que litigaron civilmente, mientras que otros 200 serían aportes de la cooperativa o del propio Jorge Salas, planificado como parte del acuerdo final.
La mediación ya ha alcanzado instancias avanzadas. En los últimos días se llevaron a cabo reuniones entre abogados del Estado provincial, representantes de la cooperativa y los damnificados. Se espera que en las próximas audiencias participen también el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y Jorge Salas, en calidad de principal imputado.
El objetivo del acuerdo es integral: no solo pagar el resarcimiento económico, sino regularizar el dominio de los terrenos, liberar derechos registrales y concluir las obras públicas que, hasta ahora, quedaron inconclusas o directamente nunca iniciadas. Además, la propuesta incorpora la suspensión de ciertos procesos judiciales mientras se concretan los compromisos.
No obstante, se advierte que los 4.000 millones de pesos son un punto de referencia de negociación, sujeto a ajustes según el número final de beneficiarios incluidos, la escala de las obras a ejecutar y la metodología de pago que defina la provincia.
Las cooperativas involucradas incluyen La Meseta, Docentes, Coneu y Sirena Unificada, que habían firmado convenios con 127 Hectáreas para lotes que nunca se terminaron. Cada una reclama avances concretos y garantías de que los servicios básicos serán efectivamente concretados.
El acuerdo, de prosperar, cerraría uno de los capítulos más urgentes de urbanización irregular en Neuquén, al mismo tiempo que permitiría levantar los procesos legales abiertos contra Salas —o al menos demorar su avance— para garantizar una solución pacífica para cientos de familias.
Entre las complicaciones está la relación de los tiempos con el calendario electoral: mientras dure la mediación, no pueden formularse oficialmente nuevos cargos penales contra Salas. Se especula si el fiscal Juan Narváez avanzará antes o después del 26 de octubre, pero el mecanismo de mediación postergaría la acusación formal hasta lograr un arreglo.
El rol del Ministerio Público Fiscal ha sido determinante en esta instancia. Bajo la coordinación de Cecilia Basterrechea, la oficina de mediación convocó a las partes esenciales: la provincia, la cooperativa y los vecinos damnificados, con la meta de evitar una crisis política en plena campaña electoral.
De concretarse el pago millonario y el compromiso de obras, Neuquén podría dar un paso decisivo hacia solucionar una deuda histórica de urbanismo y justicia social, mitigando el desgaste político mientras garantiza que las tierras prometidas finalmente cumplan su función de viviendas para quienes las esperaron durante años. CMS
