Con la fecha del paro confirmada para el 10 de abril, el Ejecutivo intenta abrir canales de diálogo con líderes sindicales para evitar la paralización total, mientras la CGT mantiene firme su reclamo por condiciones laborales y sociales.
En medio de un creciente conflicto social, el Gobierno busca desactivar el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril. El Ejecutivo ha decidido convocar a los líderes gremiales más dialoguistas, como Héctor Daer, triunviro de la CGT, y Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, con el objetivo de explorar alternativas para evitar la paralización de actividades que afectará al país.
Fuentes cercanas a Casa Rosada confirmaron que la reunión está enfocada en consensuar un posible “alto el fuego” que permita reducir la tensión social y económica antes de la huelga anunciada. A pesar de las gestiones, las expectativas de suspender el paro son bajas, ya que la CGT ha ratificado su decisión de llevar adelante la medida de fuerza el próximo 10 de abril, con movilizaciones previas el 9 de abril.
El paro general se enmarca en un contexto de creciente malestar social, donde los trabajadores exigen, entre otras cosas, la libertad para negociar paritarias libres y homologadas, un aumento de emergencia para los jubilados, y la reactivación de la obra pública, que consideran paralizada por decisiones políticas del gobierno de Javier Milei. Daer, en una conferencia de prensa, detalló que uno de los principales motivos del paro será la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en la marcha de los jubilados, un hecho que fue fuertemente repudiado por la CGT.
Además de estos reclamos, los sindicalistas buscan que se revierta la política económica actual que, según afirman, está afectando negativamente al sector productivo y a los sectores más vulnerables, especialmente en relación con las viviendas y la obra pública. “Hay un montón de obras que están al 80 o 90% y han sido paralizadas por decisión política. Es más perjudicial dejarlas paradas que terminarlas”, indicó Daer, señalando que muchos trabajadores dependen de la finalización de estas obras.
El Gobierno, consciente del impacto que podría tener esta huelga en la economía y en la estabilidad social, ha decidido iniciar una serie de reuniones con los referentes más moderados de la CGT, aunque reconocen que la decisión de la central obrera es difícil de revertir. Mientras tanto, la CGT mantiene firme su postura y ha anunciado, además, otras movilizaciones, como la de marzo en apoyo a los organismos de Derechos Humanos y una concentración para el Día del Trabajador el 1 de mayo.
Con la fecha del paro ya definida, la pelota está ahora en manos del Gobierno, que buscará cualquier alternativa para evitar que la huelga general se lleve a cabo, mientras la CGT continúa con su agenda de reclamos.
