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Con la convocatoria a sesiones extraordinarias ya oficializada, el Gobierno comenzó a mover con mayor intensidad las piezas de su principal apuesta legislativa: la reforma laboral. En Casa Rosada buscan garantizar una aprobación rápida en el Senado y, al mismo tiempo, neutralizar cualquier intento opositor en la Cámara de Diputados que altere el calendario político, incluido un eventual avance contra el DNU que reorganiza el sistema de inteligencia.
El objetivo inmediato del Ejecutivo es claro: votar la reforma laboral en la Cámara alta a mediados de febrero y llegar a ese debate con un acuerdo cerrado que evite modificaciones sustanciales en el recinto. Para eso, ya se reactivaron contactos formales e informales con gobernadores de distintos signos políticos, una estrategia que el oficialismo considera clave para blindar el proyecto y ordenar el resto de la agenda parlamentaria.
En ese esquema, las negociaciones con las provincias cumplen una doble función. Por un lado, sumar respaldos para la reforma del régimen laboral; por otro, tantear compromisos que permitan frenar en Diputados una ofensiva opositora contra el decreto que amplía y redefine las atribuciones de la SIDE, un tema que genera especial sensibilidad política.
El regreso de la actividad legislativa está previsto para el 2 de febrero y, puertas adentro del oficialismo, ya se habla de una ventana de diez días para llevar la reforma laboral al recinto del Senado. La Comisión de Trabajo fue puesta en marcha y el mensaje del Gobierno es uniforme: hay disposición a escuchar observaciones, pero no a reabrir el dictamen ni a alterar el corazón del proyecto.
Ese posicionamiento, sin embargo, encendió una señal de alarma en el frente sindical. Aunque tanto el Gobierno como la conducción de la CGT declaran públicamente su voluntad de diálogo, las posturas de fondo siguen lejos. Desde el sindicalismo advierten que, si la norma se aprueba sin cambios relevantes, el camino será la Justicia.
La advertencia fue explicitada por Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato cegetista, quien planteó sin rodeos que el proyecto, tal como está redactado, podría ser impugnado por inconstitucional. El mensaje no solo apunta al Ejecutivo, sino también al sector empresario, al anticipar un escenario de alta litigiosidad si no hay consenso con los gremios.
En los despachos oficiales reconocen que la reacción sindical preocupa más que las tensiones políticas con los gobernadores. Incluso antes del envío del proyecto al Congreso, en el ámbito judicial y laboral ya se advertían posibles focos de conflicto: la ampliación del concepto de servicios esenciales en caso de huelga, los cambios en el régimen indemnizatorio y el redireccionamiento de aportes previsionales hacia un fondo especial aparecen entre los puntos más cuestionados.
Mientras tanto, el Gobierno redobla su estrategia territorial. Diego Santilli retomó una agenda intensa de reuniones con mandatarios provinciales, entre ellos el salteño Gustavo Sáenz, y tiene previstas visitas a Entre Ríos y Neuquén. En las últimas semanas también hubo contactos con gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chaco, Chubut y San Juan, en una ronda que combina respaldo legislativo con reclamos por fondos, obras y deudas pendientes.
En el oficialismo relativizan el impacto de los cambios en el Impuesto a las Ganancias sobre la coparticipación y sostienen que ese punto puede resolverse con una aplicación gradual. Más preocupación generan, admiten, los eventuales costos judiciales de la reforma laboral y el escenario de conflicto que podría abrirse si la CGT decide avanzar con impugnaciones.
El resto del temario de extraordinarias aparece, por ahora, sin mayores sobresaltos. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea cuenta con amplio consenso, la designación de un embajador no genera resistencias y la discusión sobre la ley de glaciares quedaría para una etapa posterior. Otros proyectos más sensibles, como la reforma tributaria, fueron directamente postergados.
En paralelo, el Ejecutivo sigue de cerca los movimientos de la oposición en torno al DNU que reconfigura la SIDE. Aunque puede ser tratado en cualquier momento, su rechazo requiere el voto negativo de ambas cámaras, una condición que el Gobierno considera una ventaja institucional. Aun así, los operadores oficiales trabajan para bloquear cualquier intento de avance en Diputados, conscientes de que el costo político de esas negociaciones puede ser alto.
Con la reforma laboral como eje central, el Gobierno entra en una etapa de definiciones legislativas donde se cruzan votos, gobernadores, sindicatos y tribunales. El desenlace no solo marcará el pulso del año parlamentario, sino también el alcance real del poder político del oficialismo en el Congreso.
