Las represas del Comahue y la ruta del Mercosur están entre los procesos más avanzados. Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y el Correo también figuran en la lista de empresas en la mira.
Con el dólar como eje central del plan económico, el Gobierno de Javier Milei apunta a las privatizaciones como una de las vías para obtener divisas y reducir el tamaño del Estado. Aunque el discurso oficial sostiene que habrá “ventas de activos por miles de millones de dólares”, lo cierto es que hasta el momento los avances son escasos y los procesos concretos recién empezarían a definirse después de las elecciones de octubre.
La Ley Bases habilitó la privatización de ocho empresas públicas: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. A ellas se suman otras que el Ejecutivo ya confirmó como objetivo, entre ellas Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el Correo Argentino y la Hidrovía.
Diversos modelos de privatización
El esquema planteado para estas compañías contempla distintas modalidades: concesiones, concursos públicos, incorporación de capital privado o colocación de acciones en la Bolsa. El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo sintetizó como una etapa de “saneamiento necesario de las empresas públicas como paso previo a su irremediable privatización”.
Algunos de los procesos más avanzados son:
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Represas del Comahue: se licitarán cuatro centrales hidroeléctricas —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— cuyos contratos de concesión vencieron entre agosto y diciembre de 2023. El plan oficial es otorgar nuevas concesiones por 30 años y obtener ingresos de entre 400 y 500 millones de dólares este año. Los actuales operadores —AES, Enel, Aconcagua Energía y Central Puerto— manifestaron interés en continuar.
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Corredores Viales: la licitación de la llamada “ruta del Mercosur”, que atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, ya tiene fecha de apertura de sobres prevista para el 5 de agosto. Serán 741 kilómetros concesionados sin subsidios públicos, tras una intervención que incluyó más de 100 despidos.
Privatizaciones sectorizadas y por etapas
Otros procesos en marcha incluyen:
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Intercargo: en marzo se decretó la privatización de la empresa que brinda servicios de rampa y traslado de equipajes en los aeropuertos. Nuevos operadores privados ya fueron autorizados a ingresar al mercado.
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AySA: el plan oficial prevé ofrecer el 51% de las acciones en una licitación pública, colocar un 39% en el mercado de capitales y destinar el 10% restante al personal.
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Belgrano Cargas y Trenes Argentinos: la venta será gradual. El Belgrano Cargas ofrecerá material rodante y licencias de uso, mientras que Trenes Argentinos buscará concesionar los servicios, aunque el Estado mantendrá el control regulatorio.
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YCRT: Yacimientos Carboníferos Río Turbio se transformará en sociedad anónima, permitiendo la participación de capitales privados, con el Estado reteniendo la mayoría accionaria.
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Nucleoeléctrica: se abrirá hasta un 49% del capital accionario a privados mediante concurso público.
Empresas clave bajo estudio
A las ocho empresas incluidas inicialmente en la Ley Bases se suman cuatro que el Gobierno ya anticipó como prioritarias:
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Hidrovía Paraná-Paraguay: luego de un fallido intento en febrero, se prepara una nueva licitación auditada por Naciones Unidas, con publicación del pliego prevista para octubre.
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Aerolíneas Argentinas: Adorni calificó su privatización como “irremediable”. Ya se redujo un 15% la plantilla de empleados, eliminaron 85 cargos jerárquicos y cerraron múltiples sucursales.
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Correo Argentino: tras la desregulación del mercado de envíos, el Gobierno avanza en los preparativos para privatizar la empresa estatal de correspondencia.
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Banco Nación: si bien quedó fuera de la Ley Bases por decisiones judiciales, el Ejecutivo mantiene su intención de transformarlo en sociedad anónima con mayoría estatal.
Un proceso complejo y con escollos políticos
Pese a los anuncios, los avances concretos en las privatizaciones son limitados y varias de las operaciones encuentran resistencias políticas, judiciales y sindicales. Los próximos meses serán clave para determinar si el Gobierno logra concretar su ambicioso plan de venta de activos públicos y captar las divisas necesarias para sostener su programa económico.
