En el tramo final de su ofensiva desreguladora, la administración de Javier Milei avanza con reestructuraciones profundas en entes públicos estratégicos. Se prevén despidos, pérdida de autarquía y transferencias de funciones a provincias y fuerzas federales.
El Gobierno nacional ultima una nueva serie de decretos con fuerte impacto en el esquema estatal. El foco está puesto en reestructurar organismos descentralizados como el INTA, el INTI, Vialidad Nacional y los entes reguladores de energía y transporte, bajo la premisa de “simplificar” el Estado, reducir gastos y devolver funciones a las provincias.
Entre las principales medidas en carpeta, se destaca el plan para quitar la autarquía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ambos dependientes del Ministerio de Economía. De concretarse, pasarán a ser unidades administrativas bajo las secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente. El cambio implicará recortes presupuestarios, despidos y venta de activos distribuidos en distintos puntos del país.
En el caso del INTA, el Gobierno también buscará modificar su estructura directiva y limitar la influencia de las entidades rurales. “Todo lo definirá el Ejecutivo”, advirtieron desde el sector agropecuario. El ministro Federico Sturzenegger ya había cuestionado públicamente el tamaño del organismo: “Tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe bien qué hacen”, declaró.
El INTI, por su parte, será reconvertido en una simple unidad organizativa, perdiendo su capacidad de gestión presupuestaria y de cobro. “Muchos organismos descentralizados fueron creados para generar caja. Eso se termina”, dijo el ministro de Desregulación.
Otro eje será la fusión de los entes reguladores del gas (ENARGAS) y de la electricidad (ENRE) en un nuevo organismo unificado, el Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad, bajo la órbita de la Secretaría de Energía. La propuesta había sido incluida en la versión original de la Ley Bases, pero fue descartada durante el debate legislativo.
Además, se prevé una profunda reforma de Vialidad Nacional, que incluirá su desmantelamiento como organismo autónomo. Las funciones serían redistribuidas: la ejecución de obras pasará a áreas de la Secretaría de Transporte y las tareas de control quedarán en manos de una nueva Agencia de Control de Concesiones, también a cargo del ministro Luis Caputo.
Otras áreas como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte también serían absorbidas por la estructura central del Ministerio, mientras que la Gendarmería Nacional asumiría roles de fiscalización en rutas de jurisdicción federal.
La intención del oficialismo es además traspasar a las provincias las obras públicas de competencia local, aunque no está claro si se garantizarán los fondos necesarios para su ejecución.
Según Sturzenegger, los cambios implementados hasta ahora permitieron reducir 50.000 empleos públicos y ahorrar más de USD 2.000 millones, recursos que —afirmó— “dejaron de salir del bolsillo de los contribuyentes”.
La estrategia oficial apunta a retirar al Estado de funciones consideradas no estratégicas y dejar su intervención limitada a áreas clave, como rutas interprovinciales y servicios esenciales. “No puede ser que el mismo organismo que hace una obra sea el que se controla. Eso también lo vamos a cambiar”, anticipó el ministro.
Finalmente, el Ejecutivo promete que el fin de las facultades especiales no frenará el plan de desregulación. “Esto apenas representa el 5% de lo que podemos hacer. Vamos a seguir simplificando el Estado con las herramientas que nos da la ley”, concluyó Sturzenegger.
