La causa que salpica a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino avanza sobre empresas, propiedades de lujo y personas sin capacidad económica aparente. El eje de la investigación es el uso del entramado futbolístico para canalizar fondos bajo sospecha.
La investigación judicial que rodea a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) empezó a correrse del plano abstracto del dinero para enfocarse en nombres concretos, empresas específicas y bienes de alto valor. En ese recorrido, el fútbol aparece como el hilo conductor que une a los presuntos testaferros con las propiedades y los fondos que la Justicia intenta rastrear.
En el centro de la pesquisa están los bienes atribuidos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. A partir de los allanamientos realizados en los últimos días, los investigadores pusieron la lupa sobre Ariel Vallejo, Luciano Pantano, Ana Lucía Conte y Mauro Javier Paz, todos con vínculos directos o indirectos con el mundo del fútbol profesional.
Sobre Vallejo ya pesan medidas restrictivas como la inhibición general de bienes, la prohibición de salida del país y el congelamiento de cuentas bancarias. Es el propietario de Sur Finanzas, una firma que creció de manera exponencial en los últimos años al calor de su relación con clubes y torneos. La empresa fue sponsor de numerosas instituciones —desde clubes de Primera hasta del ascenso— y llegó a dar nombre a la Liga Profesional.
El vínculo entre Sur Finanzas y la AFA nunca fue oculto. El propio Vallejo reconoció públicamente su cercanía con Tapia y el financiamiento a clubes con dificultades económicas. Sin embargo, ahora la firma está bajo investigación en varias causas: lavado de dinero en el fuero Penal Económico, evasión fiscal en una denuncia de la DGI-ARCA y maniobras vinculadas a la compra de dólares durante el cepo cambiario. Según una denuncia oficial, la empresa habría administrado operaciones por más de 800 mil millones de pesos.
Los allanamientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, alcanzaron a todas las sucursales de Sur Finanzas, a las sedes de la AFA y la Superliga, y a una veintena de clubes. La cantidad de documentación secuestrada anticipa una investigación extensa, que deberá determinar si la relación comercial con el fútbol fue utilizada como pantalla para maniobras ilícitas.
Otro capítulo clave es el de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares formales de Real Central SRL. La sociedad figura como dueña de una imponente mansión en Villa Rosa, Pilar, además de propiedades en el exclusivo barrio Ayres Plaza y de una colección de más de 50 vehículos de alta gama, todos bienes que fueron allanados por la Justicia.
El punto que despierta mayores sospechas es la falta de capacidad económica de ambos. Pantano fue monotributista, arrastra deudas bancarias y su madre es jubilada, con antecedentes recientes de percepción de beneficios sociales. Aun así, Real Central pasó de un capital inicial de 300 mil pesos en 2021 a más de 58 mil millones en 2024, un crecimiento que la Coalición Cívica calificó como inexplicable en su denuncia.
Pese a ese perfil económico, Pantano consolidó posiciones dentro del ambiente futbolero: fue designado presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa y luego asumió como protesorero del Club Almirante Brown, una institución alineada con la conducción de Tapia.
La trazabilidad de la mansión de Pilar también refuerza las sospechas. Antes de quedar en manos de Real Central, la propiedad fue del ex futbolista Carlos Tevez, luego de la firma Malte SRL y finalmente de Pantano y Conte. Malte, a su vez, fue proveedora directa de la AFA y cobró unos 500 mil dólares por la implementación del sistema VAR. Uno de sus presuntos titulares es Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de la AFA, otro nombre que aparece bajo análisis judicial.
Para los investigadores, el patrón se repite: empresas creadas o capitalizadas en plazos breves, titulares sin respaldo patrimonial y una red de cargos y contratos vinculados al fútbol. La hipótesis es que ese entramado habría sido utilizado para ocultar a los verdaderos beneficiarios de los bienes y del dinero bajo sospecha.
Con los allanamientos en marcha y la documentación secuestrada, la causa entra ahora en una etapa clave. El desafío de la Justicia será reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si detrás de las sociedades y propiedades hay una estructura sistemática de ocultamiento patrimonial, con el fútbol argentino como escenario y pantalla.
