El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
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La presentación fue anticipada por el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, quien explicó que los demandantes consideran insuficiente la información entregada por el Estado argentino en el marco del proceso de discovery de “alter ego”, una instancia clave del litigio.
El reclamo se centra en la falta de entrega de correos electrónicos y registros de WhatsApp de funcionarios públicos, documentación que los fondos consideran indispensable para intentar demostrar que el Estado argentino y YPF actuaron como una misma entidad, lo que habilitaría avanzar sobre activos de la petrolera para ejecutar el fallo.
Según precisó Maril, el Gobierno argentino informó haber cumplido con la mayor parte de los requerimientos, pero al 12 de enero aún restan seis funcionarios que no entregaron la totalidad de la información solicitada. Entre ellos hay integrantes de la gestión actual y de administraciones anteriores.
Ese incumplimiento parcial es el argumento que utilizará Burford para pedir a la jueza Preska la aplicación de multas diarias hasta que se complete la entrega de la documentación exigida por el tribunal.
Desde la perspectiva de los demandantes, la falta de esos registros constituye una violación directa a las órdenes judiciales vigentes, lo que justificaría la declaración de desacato.
Desde la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Economía mantienen una postura firme: niegan que exista desacato y aseguran que la Argentina está colaborando activamente con la Justicia estadounidense.
Fuentes oficiales sostienen que se realizaron entregas parciales y periódicas de la información requerida y que el Estado se encuentra gestionando los consentimientos necesarios de exfuncionarios para completar el proceso, lo que —según remarcan— explica las demoras.
El Gobierno ya había rechazado el año pasado una acusación similar, cuando Burford había insinuado la posibilidad de pedir sanciones por el mismo motivo.
El calendario judicial ya está definido. Tras la presentación de Burford este jueves, la Argentina tendrá plazo hasta el 19 de febrero para responder formalmente y presentar su escrito de defensa, con el objetivo de evitar que la jueza avance en la aplicación de multas.
El caso YPF continúa así sumando capítulos de alta tensión judicial y financiera, con potencial impacto sobre la estrategia de defensa del Estado argentino y sobre el futuro del litigio más costoso que enfrenta el país en tribunales internacionales.
