Más allá de las condenas, el tribunal puso el foco en los cambios estructurales del sistema judicial: nuevos códigos, otra forma de designar jueces y un contexto político distinto que permitió avanzar donde antes hubo sobreseimientos.
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén no solo dejó condenas y penas de prisión. También funcionó como una radiografía del proceso de transformación que atravesó el sistema judicial provincial en las últimas dos décadas, según quedó plasmado en los fundamentos del veredicto leídos por el juez Juan Kees.
Desde el inicio, el tribunal se encargó de marcar distancia con el antecedente de la causa Temux, utilizada por algunas defensas para reclamar penas en suspenso. “Lo resuelto en aquella causa no es obligatorio para este tribunal”, aclaró Kees, y a partir de allí construyó una explicación que excedió lo estrictamente jurídico: el contexto institucional, político y normativo en el que se investigan los delitos contra la administración pública hoy no es el mismo que a comienzos de los años 2000.
La estafa al Banco Provincia del Neuquén, ocurrida entre 2004 y 2005, se investigó —recordó el magistrado— en un escenario adverso para la independencia judicial. En ese período, el entonces fiscal Ricardo Mendaña fue destituido tras un jury impulsado por el poder político, un proceso que organismos como el CELS calificaron como “escandaloso” y paradigmático de persecución a funcionarios independientes. Temux demoró más de una década en resolverse y terminó con sobreseimientos, en parte por el paso del tiempo y por decisiones procesales cuestionadas incluso por las juezas que intervinieron.
En contraste, el juicio por los planes sociales se desarrolló bajo un nuevo Código Procesal Penal, que permitió acotar los plazos y avanzar con mayor celeridad en una causa compleja. A eso se sumó la vigencia del Consejo de la Magistratura desde 2007, un organismo que —según el fallo— atenuó el control directo del poder político sobre la designación de jueces y fiscales.
El tribunal también subrayó un dato político clave: el cambio de ciclo ocurrido en 2023, con el fin de la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino tras seis décadas de gobierno. Para los jueces, la alternancia en el poder crea condiciones más favorables para investigar hechos de corrupción, especialmente cuando, como en este caso, se probó que fondos públicos fueron desviados y utilizados para financiar ilegalmente a un partido político entre 2020 y 2022.
“Estamos en un momento distinto, con una legislación distinta y con jueces designados en otro contexto”, enfatizó Kees, una definición que fue compartida por los otros integrantes del tribunal, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, quienes juraron en sus cargos en 2023. La frase sintetizó el mensaje central del fallo: las condenas no son un hecho aislado, sino el resultado de un entramado institucional que empezó a cambiar.
Sin embargo, no todo fue presentado como ruptura. Ambas causas —Temux y la estafa con planes sociales— fueron investigadas por el mismo fiscal, Pablo Vignaroli, y en el caso más reciente tampoco prosperó la acusación de asociación ilícita impulsada por el Ministerio Público y la Fiscalía de Estado. El contraste, señalaron los jueces, no estuvo tanto en los actores como en las reglas de juego.
El veredicto dejó así una lectura que va más allá del expediente: la Justicia neuquina buscó mostrarse como un poder menos condicionado, dispuesto a revisar prácticas del pasado y a marcar que ciertas lógicas de impunidad forman parte de una etapa que, según sus propias palabras, “se está intentando dejar atrás”.
