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El Congreso de la Nación sancionó apenas 11 leyes durante 2025, la cifra anual más baja desde la recuperación de la democracia en 1983. El resultado quedó muy por debajo del promedio histórico de más de 122 leyes por año, según un estudio elaborado por el Observatorio del Control Público (OCP) de la Fundación Éforo.
Los datos surgen del informe Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025), que examina la evolución de la actividad parlamentaria, la composición de las cámaras, los vetos presidenciales y las reformas institucionales pendientes.
La investigación señala que en 2025 se aprobaron alrededor de 111 leyes menos que el promedio anual registrado desde 1983, en un escenario caracterizado por la fragmentación política y las dificultades para construir acuerdos parlamentarios.
La comparación histórica permite dimensionar la caída de la producción legislativa.
En 2014, cuando el oficialismo contaba con mayoría propia en el Congreso, se sancionaron 191 leyes, el mayor registro anual desde el retorno de la democracia.
En cambio, durante 2025 la cantidad se redujo a 11, lo que representa una disminución de aproximadamente el 94% respecto de aquel máximo.
El informe identifica a la composición política del Congreso como uno de los factores más relevantes para explicar estas diferencias.
También destaca que la reducción no comenzó en 2025, sino que forma parte de una tendencia de largo plazo.
Entre 1994 y 1998 se sancionaron, en promedio, 154 leyes anuales. Durante el período 2019-2023, esa cifra descendió a 59.
Uno de los cambios señalados por el Observatorio del Control Público es el aumento de la fragmentación en la Cámara de Diputados.
En 1983, la actividad parlamentaria estaba organizada principalmente alrededor de dos grandes fuerzas políticas: el radicalismo y el peronismo.
Con el paso de los años, la composición se diversificó y en 2017 la Cámara llegó a tener más de 40 bloques, varios de ellos integrados por tres legisladores o menos.
Según el estudio, esta transformación modificó las condiciones para alcanzar acuerdos y avanzar en la aprobación de proyectos.
El Congreso recibe habitualmente entre 2.000 y 4.000 iniciativas por año, pero una proporción reducida completa el trámite legislativo.
Como ejemplo, el informe menciona que durante 2022 se presentaron aproximadamente 3.000 proyectos y se sancionaron 37 leyes.
La Fundación Éforo vincula esta evolución con una dinámica de mayor cantidad de iniciativas presentadas, menor proporción de proyectos aprobados y una reducción de la producción legislativa.
El estudio también analiza la utilización del veto presidencial durante los distintos gobiernos democráticos.
Entre 1983 y 2025 se contabilizaron 417 vetos a leyes sancionadas por el Congreso, de los cuales 201 fueron totales y 216 parciales.
Carlos Menem concentró la mayor cantidad, con 195 vetos durante sus mandatos.
Le siguieron Raúl Alfonsín, con 49, y Fernando de la Rúa, con 46.
En el caso del presidente Javier Milei, el informe registra nueve vetos hasta septiembre de 2025, con tres insistencias legislativas exitosas para sostener leyes previamente sancionadas.
El análisis permite observar las diferencias en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso a lo largo de las distintas administraciones.
Otro de los puntos destacados por la investigación es la falta de aprobación de una nueva ley de Presupuesto nacional durante 2024 y 2025.
En ambos ejercicios se prorrogó el Presupuesto de 2023, una situación que, según el informe, no había ocurrido durante dos años consecutivos desde el regreso de la democracia.
Desde 1983, los ejercicios en los que el Congreso no logró aprobar una nueva ley presupuestaria fueron 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.
La ausencia de una ley de Presupuesto aprobada para cada ejercicio constituye uno de los aspectos institucionales examinados por el Observatorio.
El informe también repasa compromisos institucionales que continúan sin resolverse desde la reforma constitucional de 1994.
Uno de ellos es la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal, prevista por la Constitución Nacional.
A más de tres décadas de aquella reforma, sigue vigente el régimen establecido en 1988, originalmente concebido como transitorio.
Otro aspecto señalado es la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, que todavía utiliza como referencia el censo de 1980.
Según el estudio, si se aplicaran los datos poblacionales del censo de 2022, la Cámara debería contar con 363 integrantes en lugar de los 257 actuales, es decir, 106 bancas adicionales.
En ese escenario, la provincia de Buenos Aires incorporaría 42 representantes más.
La investigación también señala que, desde la incorporación constitucional del mecanismo de iniciativa popular, ninguna ley nacional fue sancionada mediante ese procedimiento.
“La mirada histórica permite observar algo más amplio: cómo las instituciones se adaptan a las transformaciones políticas y sociales que atraviesan al país”, expresó Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del Observatorio del Control Público.
