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El Concejo Deliberante de Plottier aprobó este jueves una ordenanza que suspende momentáneamente el sistema de fotomultas instalado en la ciudad. La medida fue votada por unanimidad y busca frenar la aplicación de infracciones automáticas mientras el Ejecutivo municipal brinda información detallada sobre la implementación del mecanismo que generó fuertes cuestionamientos entre vecinos.
La iniciativa había sido presentada inicialmente como un pedido de informes dirigido a la intendencia. Sin embargo, luego de su tratamiento en comisión, los concejales decidieron avanzar con un proyecto más amplio que dispusiera la suspensión del sistema hasta tanto se esclarezcan distintos aspectos vinculados a su funcionamiento, los contratos firmados y el procedimiento utilizado para aplicar las sanciones.
El debate tomó impulso en las últimas semanas a partir de numerosas críticas de vecinos que denunciaron irregularidades en el sistema. Entre los cuestionamientos más repetidos aparecieron las multas que en algunos casos superaban los 400.000 pesos, la escasa difusión del mecanismo y la falta de claridad sobre el destino del dinero recaudado.
Críticas al sistema y reclamos por falta de información
Durante la sesión del Concejo, un vecino de la ciudad utilizó el derecho a peticionar para relatar su experiencia personal con el sistema de fotomultas y describir las dificultades que, según su planteo, presentan los procedimientos para notificar y cobrar las infracciones.
La concejal Fernanda Esquivel explicó que el cambio de estrategia legislativa respondió a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo municipal frente a pedidos de informes realizados durante los últimos años. Según señaló, tampoco prosperaron las solicitudes para mantener reuniones con el intendente y discutir el funcionamiento del sistema.
En el debate también surgió un dato que generó nuevas dudas dentro del cuerpo legislativo. Al analizar la implementación del mecanismo, los concejales advirtieron que no existía una ordenanza específica que autorizara el sistema de fotomultas, lo que llevó a considerar que la medida se puso en marcha sin un respaldo normativo claro.
Las críticas se multiplicaron además por la escala de los montos aplicados y por la modalidad de cobro que incluía la posibilidad de pago voluntario. Varios concejales indicaron que la falta de información sobre el procedimiento, sumada al alto valor de las sanciones, alimentó el malestar de vecinos que comenzaron a presentar reclamos ante el Concejo.
Qué información deberá presentar el Ejecutivo municipal
La ordenanza aprobada establece en su primer artículo la suspensión del sistema y de todos los actos administrativos vinculados con su implementación. Al mismo tiempo, exige que el Ejecutivo municipal entregue en un plazo de cinco días hábiles un informe detallado sobre el funcionamiento del mecanismo.
Entre los puntos que deberán ser informados por la municipalidad se encuentran distintos aspectos técnicos y administrativos del sistema. El pedido incluye información vinculada a:
• La fundamentación del sistema de fotomultas.
• El nombre y la razón social de la empresa contratada.
• El proceso de selección utilizado para adjudicar el servicio.
• El instrumento legal que autorizó la implementación del sistema.
• Las infracciones contempladas por el mecanismo.
• Los montos de las multas previstas.
• El procedimiento de notificación a los ciudadanos.
• El plan de difusión aplicado por el municipio.
• La utilización de un número de WhatsApp para consultas.
• El rol del Tribunal de Faltas en la tramitación de las sanciones.
• El decreto que reglamentó el cobro de las infracciones.
Además, los concejales solicitaron conocer cómo se distribuye la recaudación generada por las multas entre la municipalidad y la empresa contratada, así como el destino específico de los fondos que ingresan a las arcas del municipio.
La ordenanza podría ser vetada por el Ejecutivo
Una vez publicada oficialmente, la ordenanza entrará en vigencia y quedará suspendido el sistema de fotomultas en la ciudad. Sin embargo, el Ejecutivo municipal todavía cuenta con la posibilidad de vetar la norma dentro del plazo legal establecido.
Los concejales que impulsaron el proyecto señalaron que la iniciativa no busca eliminar definitivamente el sistema, sino garantizar que su aplicación sea transparente y esté debidamente respaldada por normas claras. En ese sentido, remarcaron que el objetivo es asegurar que las herramientas de control de tránsito cumplan un rol preventivo y no se transformen únicamente en un mecanismo de recaudación.
