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El Concejo Deliberante de Neuquén tiene en estudio una propuesta que apunta a reforzar los controles frente a posibles maniobras de lavado de dinero en la ciudad. La ordenanza, presentada por la concejala de Comunidad, Laura Pérez, prevé la creación de un protocolo de actuación para que los funcionarios municipales puedan advertir sobre inversiones de origen dudoso al momento de habilitar obras, desarrollos inmobiliarios o emprendimientos comerciales.
El proyecto ingresó a la comisión de Legislación a comienzos de año, pero aún no logró avanzar hacia un despacho. Según explicó Pérez, uno de los principales reparos proviene de un sector de concejales que sostiene que el municipio no tiene competencia en la materia. “Nosotros entendemos que sí la tiene, porque está obligado a cumplir la ley y a denunciar cualquier hecho sospechoso”, señaló.
La iniciativa contempla la conformación de una unidad especial en el ámbito municipal que actúe como filtro inicial ante trámites de habilitaciones o compras de inmuebles sin respaldo económico visible. “La municipalidad no condena ni dicta penas, lo que hacemos es generar una alerta temprana para evitar que la ciudad se convierta en un canal de operaciones ilícitas”, explicó la concejala.
Pérez adelantó que en los próximos días presentará un despacho complementario con el aporte de información de organismos como ARCA (ex AFIP) y con un apartado vinculado a la ética pública, que obligue a los funcionarios a denunciar irregularidades. “Se trata de proteger al sistema municipal y garantizar transparencia en la gestión”, subrayó.
El crecimiento de la construcción privada en Neuquén, que según datos oficiales aumentó más de un 35% en el último año con 120 edificios en ejecución y 30 proyectos en carpeta, es uno de los motivos que impulsan el debate. Para la edil, la capital provincial, por su ubicación fronteriza y la circulación de delitos como la trata de personas o el narcotráfico, se encuentra especialmente expuesta al uso de “empresas fantasmas” que canalizan fondos de origen ilegal.
La próxima sesión del Deliberante está prevista para el 18 de septiembre y será una instancia clave para definir si la propuesta logra finalmente un dictamen favorable.
