La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén avanza sobre una trama compleja de movimientos financieros y decisiones internas que involucran a la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN), presidida por Juan Carlos Levi, secretario adjunto de la Uocra. El viernes 30 de enero se concretaron nueve allanamientos simultáneos con un objetivo preciso: secuestrar documentación clave que permita determinar el destino de cerca de $1.000 millones transferidos durante el primer semestre de 2025.
Libros de actas, resoluciones del consejo directivo, nóminas de afiliados, convenios con empresas, comprobantes de ingresos y egresos, contratos bancarios y registros de movimientos de fondos figuran entre el material que los investigadores buscan reconstruir para establecer si existió una maniobra de administración fraudulenta.
La mayoría de los procedimientos se realizó en domicilios particulares. Entre ellos, la vivienda de Levi, casas de sus hijas en Plottier y de un cuñado en Centenario. También hubo un allanamiento en Rincón de los Sauces, en el domicilio de un allegado que habría retirado $350 millones en efectivo de una entidad bancaria, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.
En el centro de la capital neuquina, el personal policial se presentó en Avenida Argentina 480, donde funcionan oficinas compartidas entre la mutual y una de las empresas que le presta servicios. Otro de los operativos se concretó en Avenida Argentina al 400, una de las sedes de la AMTCN.
La fiscalía también avanzó sobre las oficinas centrales de la mutual en Añelo, donde se desarrolla la obra de un edificio propio de cinco pisos. La construcción está a cargo de una empresa que, de acuerdo con la investigación, tendría vínculos con familiares de Levi y de su esposa, Carolina Mabel Ángela Barahona, exdiputada provincial por el oficialismo.
Consultado por este medio, Levi no negó que una constructora vinculada a su entorno esté a cargo de la obra. “¿Por qué tengo que pagar 2.700 dólares el metro cuadrado si lo puedo hacer por 1.600? Tengo que buscar el mejor precio”, justificó. También aseguró que la causa tiene un trasfondo político: “Todos me dicen que esto es una cuestión política, pero no sé ni me interesa saber si alguien me soltó la mano”.
La investigación se originó en octubre de 2024, a partir de denuncias de trabajadores que aseguraron haber sido obligados a afiliarse a la mutual como condición para acceder a empleo en Vaca Muerta. Según los denunciantes, al momento de cobrar la quincena, las empresas retenían un 3% del salario y lo derivaban a la AMTCN.
Ese planteo derivó inicialmente en un legajo por coacción que fue archivado por la fiscalía de Actuación Genérica y remitido luego a Delitos Económicos. Allí, el foco pasó a ser el manejo de los fondos y una presunta administración fraudulenta.
El punto central de la pesquisa son las transferencias por casi $1.000 millones realizadas a dos empresas y a un particular, operaciones que llamaron la atención de los investigadores por tratarse de firmas integradas por personas cercanas al núcleo familiar Levi-Barahona.
“Los gastos vinculados estrictamente al objeto social de la mutual son pocos y de montos bajos, como subsidios a trabajadores, kits escolares o pagos al Colegio de Farmacéuticos. Eso, como mínimo, nos resulta llamativo”, señaló una fuente con acceso al expediente. La fiscalía intenta ahora establecer qué respaldo documental existe para las transferencias de mayor volumen y cómo se tomaron esas decisiones, un punto que debería surgir de los libros de actas.
A mediados de enero, la fiscal Rocío Rivero envió un oficio a una concesionaria de Neuquén para requerir información sobre un depósito de $40.500.000 realizado por la mutual, presuntamente destinado a la compra de una camioneta para sortear entre los afiliados.
Desde la defensa, el abogado Sebastián Perazzoli cuestionó con dureza el accionar del Ministerio Público. “Esto es un show del fiscal Vignaroli. Pedir allanamientos en plena feria judicial es una vergüenza. Es hora de que los fiscales empiecen a pagar costos por sus errores”, sostuvo.
Mientras tanto, la fiscalía continúa analizando la documentación secuestrada. El desafío es reconstruir el circuito del dinero y determinar si los fondos de la mutual fueron utilizados conforme a su objeto social o si existió un esquema de desvío en beneficio de terceros vinculados a su conducción.
