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Lo que prometía ser un triunfo político para los gobernadores terminó convirtiéndose en un nuevo revés para la oposición y un alivio inesperado para el presidente Javier Milei. En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de coparticipación del impuesto a los combustibles, impulsado por los 24 mandatarios provinciales y aprobado previamente en el Senado.
La iniciativa buscaba modificar el esquema de distribución del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, de manera que el 70% de lo recaudado quedara en manos de las provincias y no bajo la administración directa del Tesoro Nacional. El objetivo era compensar la caída de los recursos coparticipables tras la eliminación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Fondo de Incentivo Docente, dos medidas que golpearon de lleno las finanzas locales.
En términos prácticos, el proyecto proponía que cada litro de nafta y gasoil vendido en el país destinara una porción fija al financiamiento provincial, especialmente para obras viales y mantenimiento de rutas. Además, se incluía una cláusula de garantía para que las provincias productoras de hidrocarburos —como Neuquén, Chubut y Santa Cruz— recibieran un adicional vinculado al volumen de producción energética.
Sin embargo, cuando la ley estaba a punto de ser sancionada, siete gobernadores dieron marcha atrás y sus diputados se ausentaron de la votación. La decisión dejó sin quórum a la oposición, que no logró alcanzar la mayoría absoluta (129 votos) exigida por el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Los ausentes fueron los representantes de Salta, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos y Chaco, todos mandatarios que habían acompañado inicialmente el proyecto pero que en las últimas horas —según fuentes parlamentarias— habrían recibido “llamados” del Ministerio del Interior.
“Fue un operativo de pinzas. La Casa Rosada logró dividir a los gobernadores y, con eso, salvó la caja del Tesoro”, afirmó un diputado del bloque Federal que pidió reserva de su nombre. En los pasillos del Congreso circulaba una versión aún más cruda: algunos mandatarios obtendrían beneficios específicos o el destrabe de obras retenidas a cambio de levantar el pie del acelerador.
El proyecto de impuesto a los combustibles coparticipable se había convertido en la principal bandera fiscal de los gobernadores, que reclamaban una distribución más equitativa de los recursos. Según cálculos de la Comisión de Presupuesto, las provincias podrían haber recibido cerca de 1,2 billones de pesos anuales adicionales, destinados a infraestructura, transporte y servicios esenciales.
Además, el texto buscaba poner límites a la discrecionalidad del Gobierno nacional en el manejo del fondo, obligando a que cualquier modificación del destino de los recursos pasara por el Congreso. En ese sentido, representaba también un intento de los mandatarios por recuperar poder frente a la administración central.
El debate en el recinto estuvo marcado por la tensión y las acusaciones cruzadas. Diputados de Unión por la Patria y del bloque Federal denunciaron una maniobra política del oficialismo para evitar que la ley prosperara. “Fue un golpe institucional. Menem interpretó la Constitución según su conveniencia y le regaló al Gobierno una derrota para las provincias”, sostuvo el santafesino Germán Martínez.
Martín Menem justificó su decisión argumentando que el proyecto “modificaba la asignación específica de un recurso coparticipable” y, por lo tanto, requería mayoría absoluta. Pero la interpretación fue cuestionada incluso por legisladores que no integran la oposición dura. “Cuando se trata de devolver fondos a las provincias, nunca se pidió una mayoría especial. Este fue un fallo político, no jurídico”, planteó Nicolás Massot.
Entre los propios opositores también hubo pases de factura. Algunos apuntaron a la Coalición Cívica y al Frente de Izquierda, que se dividieron entre abstenciones y ausencias, mientras que otros cuestionaron a los gobernadores del grupo Provincias Unidas por no haber garantizado la presencia de todos sus representantes.
Con esta caída, los gobernadores pierden una herramienta clave para equilibrar sus presupuestos en un contexto de fuerte recesión y caída de la recaudación. El resultado también tensiona la relación entre los mandatarios y la oposición parlamentaria, que había puesto su capital político en sacar la ley adelante.
En los hechos, el Gobierno de Milei logró un respiro fiscal: la Nación retendrá el total del impuesto a los combustibles, que seguirá alimentando el Fondo de Infraestructura Nacional. Pero el costo político de la maniobra podría sentirse en las próximas semanas, con un bloque de gobernadores cada vez más fragmentado y con la oposición buscando nuevos mecanismos de presión.
“Lo que pasó no fue solo una votación perdida: fue una señal de debilidad del frente provincial”, sintetizó un legislador patagónico al salir del recinto. “La Casa Rosada volvió a imponer su juego y las provincias, otra vez, quedaron mirando desde la tribuna.”
