El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
El huracán Isaías golpeó Florida y Alabama: más de 600 mil usuarios sin luz y emergencia federal
La Cámara de Diputados se prepara para una nueva disputa parlamentaria entre el oficialismo y la oposición por el futuro del DNU 70/2023 de Javier Milei. Aunque la Corte Suprema restableció provisoriamente las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, los bloques opositores mantienen la convocatoria a una sesión para el jueves 15 de octubre con el objetivo de avanzar en la derogación del decreto.
La decisión judicial modificó el escenario político, pero no resolvió definitivamente la controversia sobre la Ley de Tierras. Por ese motivo, Unión por la Patria y otros bloques consideran necesario avanzar con una definición legislativa que no dependa de una medida cautelar.
El Gobierno, en tanto, busca evitar que la oposición consiga el quórum necesario para abrir la sesión. Para ello, impulsa una convocatoria alternativa para el miércoles 21 de octubre, con proyectos propios sobre varios de los temas incluidos en la agenda opositora.
La discusión también involucra la emergencia en discapacidad y las propuestas destinadas a atender el creciente endeudamiento de las familias.
La Corte Suprema dispuso este viernes restablecer de manera provisoria los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión afecta la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley de Tierras.
Sin embargo, se trata de una resolución cautelar que no constituye una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
Desde Unión por la Patria sostienen que esa situación mantiene vigente la necesidad de una intervención del Congreso.
La oposición considera que la protección de las tierras rurales no debería quedar sujeta a la continuidad de una medida judicial provisoria.
Además, el DNU 70 contiene modificaciones en numerosas áreas de la economía, entre ellas comercio, transporte, relaciones laborales, salud y mercado inmobiliario.
Por ese motivo, su eventual derogación tendría consecuencias que exceden ampliamente la discusión sobre la propiedad de tierras rurales.
La estrategia oficialista consiste en convocar a una sesión para el miércoles 21 de octubre con una agenda que incluya varios de los asuntos impulsados por la oposición.
La Libertad Avanza pretende avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría incorporar nuevas restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
También busca tratar la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas, y proyectos propios sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
La intención es ofrecer una alternativa legislativa a los bloques aliados y evitar que participen de la sesión opositora prevista para el jueves 15.
Para concretar ese plan, el oficialismo deberá conseguir los dictámenes correspondientes y reunir los votos necesarios en el recinto.
Por ahora, ninguna de las dos convocatorias tiene garantizado el quórum.
La oposición también pretende avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
El tema adquirió mayor relevancia después de que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), integrado por representantes de las 24 jurisdicciones, ratificara el 8 de octubre su posición favorable a extender la emergencia.
Distintas organizaciones vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad cuestionaron, además, la propuesta elaborada por el oficialismo.
Entre sus objeciones señalaron la falta de participación de las organizaciones representativas durante la elaboración del proyecto, una exigencia contemplada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social solicitó al Ministerio de Salud que se mantenga la prórroga.
El Gobierno, por su parte, busca impulsar una nueva normativa sobre el sector.
La diferencia entre ambas posiciones será uno de los puntos centrales del debate legislativo.
Otro de los asuntos que se incorporaron a las negociaciones es el endeudamiento de los hogares.
La oposición pretende avanzar con una iniciativa que contemple soluciones para las familias que acumulan deudas y dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.
El oficialismo también prepara un proyecto sobre endeudamiento y mora, aunque con un enfoque propio.
La discusión se produce en un contexto de preocupación por el deterioro de la capacidad de pago de numerosos hogares.
El problema adquirió mayor visibilidad a partir de informes privados que advierten sobre el incremento de los atrasos en el cumplimiento de compromisos económicos.
Las diferencias entre los proyectos deberán resolverse en el tratamiento parlamentario.
La disputa por el quórum también tiene una dimensión provincial.
Según el relevamiento parlamentario publicado por Infobae, la oposición reúne inicialmente alrededor de 112 diputados entre Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otras bancadas.
El oficialismo, por su parte, cuenta con una base estimada de aproximadamente 120 legisladores, considerando a La Libertad Avanza y distintos bloques aliados.
Entre los espacios que aparecen alineados con la estrategia oficialista figura La Neuquinidad, con un diputado nacional.
Sin embargo, esas estimaciones no representan compromisos definitivos de asistencia o votación.
Los bloques provinciales podrían modificar el resultado según la posición que adopten sus integrantes.
En particular, la atención está puesta en los legisladores vinculados con los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta.
Sus decisiones podrían resultar determinantes para que alguna de las convocatorias consiga el quórum necesario.
La oposición mantiene su intención de sesionar el 15 de octubre para avanzar con la derogación del DNU 70 y debatir iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento.
El Gobierno, en cambio, apuesta a concentrar el tratamiento de esos asuntos en una convocatoria propia seis días después.
La reciente decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras introdujo un elemento nuevo en la discusión, aunque no resolvió definitivamente la controversia jurídica.
La disputa inmediata será por el quórum: antes de discutir el contenido de los proyectos, oficialismo y oposición deberán demostrar que cuentan con los diputados necesarios para abrir el recinto.
El resultado dependerá, en buena medida, de las negociaciones con los bloques provinciales y de las posiciones que adopten los legisladores que todavía no comprometieron su acompañamiento.
