El destino del veto presidencial al presupuesto universitario se decidirá este miércoles en la Cámara de Diputados, en una sesión marcada por la presión política y las movilizaciones sociales. El Gobierno de Javier Milei busca asegurar el respaldo de los legisladores, mientras rectores y sindicatos advierten que el Presupuesto 2026 profundiza el ajuste en educación superior.
La sesión, programada para las 13, se realizará en paralelo a una marcha que congregará a trabajadores del hospital Garrahan, jubilados, sindicatos y organizaciones sociales, además de representantes de universidades públicas. La presencia de estos sectores busca visibilizar la oposición al recorte de recursos y el impacto que tendrá sobre las instituciones académicas.
En el tablero político, la atención se centra en 18 diputados ausentes y cinco abstenciones de la votación original. En agosto, la ley había recibido 158 votos a favor y 75 en contra, dejando margen para la influencia de gobernadores y bloques provinciales.
Desde el oficialismo confían en los gestos de diálogo iniciados por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, con gobernadores que pueden inclinar la votación a favor del veto. Provincias como Misiones, con diputados de Innovación Federal, y representantes de Salta y Mendoza, podrían convertirse en piezas clave para sellar la decisión.
Asimismo, la postura de diputados de bloques minoritarios, como el MID y los exlibertarios agrupados en Coherencia, es determinante. Algunos estuvieron ausentes en la primera votación y mantienen reservada su decisión, generando incertidumbre sobre el resultado final.
Entre rectores y sindicatos, el mensaje es claro: el Presupuesto 2026 “consolida el ajuste” y compromete la capacidad de las universidades para garantizar salarios y funcionamiento. Mientras tanto, el oficialismo confía en que la combinación de negociación política y presión social le permita mantener el veto y limitar la recomposición de partidas universitarias.
La jornada de este miércoles promete ser decisiva y marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional, los legisladores y las universidades públicas.
