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La Cámara de Diputados comenzará este miércoles a discutir un proyecto para prorrogar hasta fines de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, mientras el Gobierno nacional expondrá su posición ante los legisladores.
La reunión de la Comisión de Discapacidad está prevista para las 16 y tendrá como uno de sus principales protagonistas al secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien concurrirá al Congreso para responder consultas sobre la situación del sector y la aplicación de la normativa.
Lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.
La discusión vuelve al Congreso un año después del conflicto político que generó la aprobación de la Ley 27.793, que fue vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por ambas cámaras con los dos tercios necesarios.
La actual Emergencia Nacional en Discapacidad tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y la propia ley contempla la posibilidad de extenderla durante un año más.
Ahora, diputados de distintos bloques opositores impulsan una nueva iniciativa para hacer efectiva esa prórroga y llevar el régimen hasta finales de 2027.
El proyecto lleva las firmas, entre otros, de Juan Marino, Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Germán Martínez y Oscar Herrera Aguad.
Uno de los puntos centrales vuelve a ser el financiamiento.
La propuesta busca extender la facultad otorgada al jefe de Gabinete para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para implementar la emergencia, con la condición de no reducir partidas correspondientes a Servicios Sociales.
Los impulsores argumentan que la aplicación efectiva de la ley sufrió demoras durante buena parte de su período inicial de vigencia y sostienen que la extensión permitiría compensar ese tiempo.
La Ley 27.793 introdujo una serie de modificaciones sobre pensiones, prestaciones y financiamiento del sistema de atención a personas con discapacidad.
Entre ellas creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible bajo determinadas condiciones con el empleo formal.
También estableció mecanismos de actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y un régimen para que prestadores puedan regularizar deudas tributarias.
La normativa atravesó durante 2025 un fuerte conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo.
Milei vetó inicialmente la ley argumentando, entre otras razones, el impacto fiscal de las medidas. El Congreso posteriormente insistió con la sanción mediante una mayoría de dos tercios.
La ejecución quedó luego suspendida por decisión del Ejecutivo hasta que se determinaran las fuentes de financiamiento, pero una resolución judicial ordenó su aplicación.
Finalmente, en febrero de este año el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y comenzaron a instrumentarse diferentes disposiciones previstas por la norma.
La presencia de Alejandro Vilches será uno de los puntos centrales de la reunión de este miércoles.
El actual secretario había asumido previamente como interventor de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025 y posteriormente quedó al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud.
Será la primera oportunidad en la que el funcionario concurra a la comisión para responder públicamente preguntas de los diputados sobre esta discusión.
La oposición también pretende que organizaciones vinculadas con personas con discapacidad participen de las reuniones de comisión. Desde el oficialismo plantearon que esa participación podrá concretarse en futuros encuentros.
En paralelo, sectores opositores preparan una sesión para el 9 de septiembre, donde buscarán acelerar el trámite parlamentario y establecer plazos para que las comisiones emitan dictamen.
La discusión comienza este miércoles y tendrá dos ejes centrales: si corresponde extender la emergencia durante 2027 y cómo se financiarán las medidas contempladas por el régimen durante ese período.