Estarán incluidos el sector policial. Este sistema, que comenzó a funcionar el 2 de septiembre, está a cargo de la empresa de medicina laboral Dienst y ha generado controversias, especialmente en el ámbito educativo.
El control de las licencias médicas debutó con los empleados de la administración central (régimen ley 1844) y de Salud (ley 1904), proporcionando un panorama inicial de su funcionamiento. Según Dienst, el 17% de las licencias presentadas fueron desestimadas. En su segunda semana de implementación, se incorporó el sector educativo, que involucra a más de 25.000 agentes, entre docentes y porteros. Sorprendentemente, la cantidad de licencias aceptadas se redujo a una cuarta parte, lo que ha generado interrogantes dentro de la cartera educativa.
La viceministra de Educación, María Laura Giovanini, indicó que aún se están analizando las razones de este cambio. Durante los primeros cuatro días de control, entre el 9 y el 12 de septiembre, se validaron 881 licencias, un promedio de 220 por día, por enfermedad del agente o por atención a un familiar enfermo. Las fluctuaciones en las cifras diarias han llevado a que el Ministerio de Educación postergue sus conclusiones para un análisis más profundo.
Este sistema de control no ha estado exento de conflictos. El gremio docente Unter ha expresado su rechazo y ha convocado a un Congreso para el 20 de septiembre en Viedma, donde se evaluarán posibles medidas a seguir. Además, Unter ha promovido presentaciones individuales en los Consejos Escolares por las licencias no aceptadas y ha denunciado que el mecanismo de auditoría es “perverso”, ya que permite que se modifiquen las indicaciones de los profesionales médicos.
El sector policial, que cuenta con más de 9.550 agentes, incluyendo penitenciarios, se sumará al control de licencias a partir de esta semana. Aunque su incorporación estaba prevista para la semana anterior, se postergó por dificultades operativas. Las autoridades anticipan complicaciones, ya que las estadísticas señalan un alto ausentismo médico en la fuerza policial.
Con la inclusión de los agentes policiales, el sistema de auditoría abarcará a más de 55.000 empleados públicos del Poder Ejecutivo rionegrino. Según el gobierno provincial, el nuevo sistema de medicina laboral, ejecutado junto a la empresa Horizonte y la Secretaría de la Función Pública, tiene como objetivo optimizar la atención de la salud laboral y detectar aquellos casos en los que se haga un uso indebido de las licencias médicas. La implementación de este control, que incluye consultorios médicos presenciales en varias ciudades y el uso de telemedicina para el seguimiento de los empleados en licencia, busca generar un ahorro significativo para el Estado provincial.
A pesar de las medidas implementadas por el gobierno, Unter continúa reclamando una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck, insistiendo en que las decisiones adoptadas ponen en peligro la educación pública en Río Negro.
