Dólar oficial $1.570 – Dólar Turista $2.041 – Dólar blue $1.565 – Dólar MEP $1.572,17 – Contado con Liqui $1.671,15 – Riesgo País 852

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La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal por la contratación de una productora privada para realizar la transmisión oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, por un monto de aproximadamente 3.090 millones de pesos. La legisladora cuestionó que el Gobierno nacional recurriera a un procedimiento de contratación directa por razones de urgencia y que la Televisión Pública quedara fuera de la producción audiovisual, pese a disponer de recursos técnicos para realizar coberturas de gran escala.
El contrato fue adjudicado a Recordvision S.A., vinculada comercialmente con MediaHub, para prestar un servicio integral de producción y distribución de la señal oficial de la visita papal, que se desarrolló entre el 7 y el 11 de noviembre. La prestación comprendía la planificación, realización audiovisual, operación de equipos y distribución nacional e internacional de imágenes, tareas necesarias para que las señales interesadas pudieran acceder a la cobertura de las actividades del pontífice.
Uno de los principales cuestionamientos de Pagano se relaciona con la justificación de urgencia utilizada para avanzar con la contratación, debido a que la visita había sido anunciada oficialmente el 5 de agosto, aproximadamente 95 días antes de su realización. Según la legisladora, el procedimiento se resolvió apenas dos días antes de la llegada de León XIV, una circunstancia que considera necesario investigar para determinar si existieron fundamentos administrativos suficientes para utilizar esa modalidad excepcional.
La diputada sostuvo que Canal 7 contaba con móviles de transmisión, personal técnico y equipamiento propio para participar en la producción de la señal oficial, por lo que pidió esclarecer las razones que llevaron a contratar una empresa privada. También planteó que la decisión debería analizarse en función del costo del servicio y de las capacidades disponibles dentro de la estructura estatal, aunque la denuncia no demuestra por sí misma que la contratación haya sido irregular.
El procedimiento identificado como 79-0016-CDI26 registró dos ofertas económicas: Recordvision presentó una propuesta de aproximadamente 3.090 millones de pesos y Non Stop Digital cotizó alrededor de 3.110 millones, una diferencia de 20 millones de pesos. Pagano cuestionó además la exclusión de la segunda empresa del proceso de selección y solicitó que se revisen los antecedentes administrativos y los criterios técnicos utilizados para definir la adjudicación.
La presentación judicial también apunta a examinar la actuación de funcionarios vinculados con la organización de la visita, entre ellos Mariana Vello, Diego Santilli y Cano, cuyos roles deberán determinarse a partir de la documentación administrativa correspondiente. Hasta el momento, la existencia de una denuncia penal no implica que se hayan comprobado delitos ni que las personas mencionadas hayan sido formalmente imputadas, cuestiones que dependerán del avance de la investigación judicial.
La contratación audiovisual formó parte de un operativo más amplio organizado por el Gobierno nacional para recibir a León XIV, que incluyó estructuras, vallados, sonido, iluminación, energía eléctrica y servicios de producción general. Los procedimientos relevados alcanzaron aproximadamente 20.500 millones de pesos, de los cuales unos 8.700 millones correspondieron a la organización y coordinación de actividades, mientras que el servicio de transmisión representó una partida independiente dentro del presupuesto destinado a la visita.
El cuestionamiento plantea un debate sobre los mecanismos de contratación utilizados para organizar acontecimientos de gran magnitud y sobre el aprovechamiento de los recursos técnicos del Estado, especialmente cuando existen dependencias públicas con experiencia en coberturas institucionales. La investigación deberá establecer si la modalidad de urgencia estuvo debidamente justificada, si el procedimiento respetó las condiciones legales y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar al proveedor encargado de producir la señal oficial.