Una nueva denuncia penal vuelve a poner bajo la lupa el uso de radares de velocidad en Río Negro. Esta vez, el foco está sobre el municipio de General Conesa, donde legisladores provinciales presentaron una demanda por el presunto cobro indebido de multas de tránsito emitidas antes de que el equipo fuera autorizado oficialmente.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía N°3 de la Primera Circunscripción Judicial, en Viedma, por los legisladores Javier Acevedo y Fernando Frugoni (bloque CC-ARI), quienes impulsan la Ley N° 5726 para la regularización del uso de cinemómetros en la provincia.
“Se cobraron infracciones con radares que aún no tenían habilitación, lo cual es ilegal y afecta directamente a los ciudadanos”, indicaron.
El radar en cuestión se encuentra sobre la Ruta Nacional 251, a escasa distancia del cruce con la Ruta 250. Según señalaron los denunciantes, recién en enero de este año el municipio obtuvo una autorización formal por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin embargo, las multas se habrían emitido con anterioridad a esa fecha.
Desde el organismo provincial de control vial también confirmaron que el radar no tenía aval técnico ni administrativo en el período mencionado.
La denuncia incluye como prueba varias notificaciones de infracción que fueron giradas a automovilistas, donde se exige el pago de sanciones registradas por el dispositivo antes de que estuviera debidamente habilitado.
La acción judicial contra Conesa replica la presentada días atrás contra el municipio de Darwin, bajo el mismo argumento: multas emitidas con radares que no estaban regularizados. En ambos casos, los legisladores acusan a las autoridades municipales de incurrir en prácticas que podrían constituir delitos.
Además, Acevedo informó que se notificó formalmente a la Defensoría del Pueblo de Río Negro, encabezada por Adriana Santagati, quien ya había intervenido en otros reclamos vinculados a las sanciones de tránsito emitidas con radares en la provincia.
Los legisladores insisten en la necesidad de transparentar y regular el uso de cinemómetros, y exigen que los municipios se ajusten al marco legal vigente antes de sancionar a los conductores. La causa ahora está en manos del fiscal José Chirinos.
