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La presidenta encargada interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó mediante el decreto 5248 el cierre y liquidación de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, actualmente detenido en los Estados Unidos. La medida fue presentada como parte de un proceso de reorganización del Ministerio del Despacho de la Presidencia y de adecuación de la estructura del Ejecutivo a nuevas directrices políticas y sociales.
El decreto establece el inicio inmediato del proceso de liquidación administrativa de los organismos alcanzados, así como la conformación de una junta encargada de supervisar el cierre, revisar bienes, determinar pasivos y coordinar la reasignación de funciones. Desde el gobierno se argumentó que la decisión responde a la necesidad de adaptar el funcionamiento estatal a una nueva etapa de gestión.
La resolución impacta en áreas sensibles del aparato público, incluyendo seguridad, planificación, infraestructura y programas sociales. En varios de los entes suprimidos pesaban cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas y contrataciones observadas en los últimos años.
Organismos alcanzados por el decreto
Entre las entidades eliminadas se encuentra el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 con el objetivo de centralizar la coordinación de información vinculada a seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Su función principal era unificar el flujo informativo sobre aspectos estratégicos considerados sensibles para el Estado.
También fue disuelta la Fundación Propatria 2000, encargada de ejecutar obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos y proyectos especiales. Esta entidad acumuló denuncias de presuntas irregularidades en adjudicaciones y contrataciones, especialmente en programas de alto presupuesto.
Dentro de ese esquema se señaló el proyecto “Gimnasios Verticales”, desarrollado entre 2013 y 2015, que fue cuestionado por la asignación de contratos millonarios a empresas sin trayectoria comprobada y con vínculos societarios investigados en el exterior.
Programas sociales y planificación bajo revisión
La Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, dedicada a impulsar proyectos de formación, producción y emprendimientos dirigidos a jóvenes, también quedó alcanzada por el decreto. Su eliminación abre interrogantes sobre la continuidad de los programas que estaban en ejecución y la eventual reasignación de recursos humanos y presupuestarios.
En la misma línea, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), creada en 2011 para coordinar acciones de desarrollo urbanístico, arquitectónico y paisajístico, dejará de funcionar. En los últimos años se habían denunciado contrataciones directas sin procesos de licitación en obras emblemáticas y proyectos inconclusos o con sobrecostos.
La Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), en funcionamiento desde 1986 y orientada a la prevención y tratamiento del consumo de drogas, también será liquidada. El Ejecutivo no detalló aún cómo se garantizará la continuidad de los servicios vinculados a esta área.
Reorganización administrativa y escenario político
El decreto ordena que la junta liquidadora evalúe la situación patrimonial de cada organismo, supervise el cierre contable y determine el destino de bienes y activos. Asimismo, deberá proponer mecanismos para absorber funciones en otras dependencias del Estado, evitando superposiciones y redefiniendo competencias.
La decisión marca una diferenciación política respecto de la gestión anterior y se inscribe en un escenario institucional atravesado por la detención de Maduro en los Estados Unidos. La reconfiguración del esquema estatal abre una nueva etapa en la administración venezolana, con impacto directo en la estructura del Ejecutivo y en el funcionamiento de programas públicos clave.
