La justicia de Cipolletti ordenó este lunes la captura de Mauro Nicolás Abarzúa, el hombre que protagonizó una violenta fuga policial junto a su hijo de siete años y que durante la persecución chocó vehículos particulares y un patrullero en pleno centro de la ciudad. La decisión llegó luego de que el acusado no se presentara a la audiencia en la que iban a formularle cargos por desobediencia judicial y daños.
El episodio, que hace semanas conmocionó a Cipolletti por la magnitud del operativo y el riesgo al que fue expuesto el menor, vuelve ahora a instalar una discusión incómoda sobre las limitaciones del sistema judicial para controlar situaciones de violencia familiar y garantizar el cumplimiento efectivo de las restricciones impuestas por la Justicia.
La ausencia de Abarzúa en tribunales terminó agravando todavía más su situación procesal. La jueza Agustina Bagnoli aceptó el pedido de la fiscal Ivana Vassellati para declararlo en rebeldía y ordenar su captura inmediata, luego de que ni la Fiscalía ni la Defensa pudieran ubicarlo en los domicilios informados oficialmente.
Según se ventiló durante la audiencia, el acusado habría abandonado la vivienda declarada anteriormente y estaría residiendo en Neuquén, algo que nunca notificó formalmente ante la Justicia. Incluso su ex pareja habría confirmado esa posibilidad ante las autoridades.
Una persecución que dejó al descubierto un escenario alarmante
El caso adquirió enorme repercusión pública por la espectacularidad de la persecución ocurrida el pasado 19 de abril.
Aquella noche, Abarzúa se presentó en la vivienda de su ex pareja en el barrio San Pablo y se llevó al niño en una camioneta Toyota Hilux, pese a existir medidas judiciales de restricción. Aunque podía mantener vínculo con el menor, la situación evidenciaba una zona gris judicial que hoy vuelve a quedar bajo análisis.
La denuncia de la madre activó un operativo policial que terminó convirtiéndose en una persecución de alto riesgo por distintas zonas de Cipolletti.
Cuando efectivos de la Comisaría Cuarta intentaron interceptarlo en cercanías de la Isla Jordán, el conductor escapó a toda velocidad y comenzó una fuga que atravesó semáforos en rojo, maniobras temerarias y choques contra vehículos estacionados y un patrullero.
Las imágenes registradas por cámaras del sistema 911 y por efectivos policiales mostraron escenas que parecían extraídas de una película policial, pero que en realidad ocurrieron en calles urbanas transitadas y con un niño dentro del vehículo.
Ese detalle transformó el episodio en algo todavía más grave: no se trató únicamente de una fuga, sino de una situación extrema donde la vida del menor y de terceros quedó expuesta permanentemente.
Las contradicciones que dejaron dudas sobre la respuesta judicial
El caso también generó polémica por la información contradictoria que circuló durante las horas posteriores al operativo.
Inicialmente trascendió que el Ministerio Público Fiscal no habría encontrado elementos suficientes para imputar al conductor, una versión que luego fue desmentida oficialmente. Finalmente, la acusación avanzó bajo los delitos de desobediencia a una orden judicial y daños.
Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de control sobre el acusado terminaron desembocando en una situación todavía más compleja: hoy el hombre directamente permanece prófugo.
La secuencia deja expuesta una dificultad recurrente que atraviesa numerosos expedientes vinculados a conflictos familiares y restricciones judiciales. Muchas veces las medidas cautelares existen formalmente, pero carecen de mecanismos eficaces de seguimiento y control real.
En este caso, además, aparece otro elemento sensible: la coexistencia entre una prohibición de acercamiento hacia la ex pareja y la autorización para mantener contacto con el hijo, una combinación que la propia Fiscalía reconoció como “ambigua”.
El caso vuelve a poner en discusión la violencia de riesgo
Más allá de la imputación puntual, el episodio refleja un fenómeno cada vez más frecuente en ciudades del Alto Valle: situaciones familiares conflictivas que rápidamente derivan en escenarios de violencia extrema, persecuciones, amenazas y desobediencia de medidas judiciales.
La preocupación crece porque muchos de estos hechos ya no quedan limitados al ámbito privado. Terminan desarrollándose en espacios públicos, con terceros involucrados y enormes riesgos para la seguridad urbana.
La persecución ocurrida en Cipolletti no solo alteró a vecinos y automovilistas. También volvió a mostrar las dificultades que enfrentan policías y fiscales cuando deben intervenir en hechos donde confluyen violencia familiar, menores de edad y conductas cada vez más imprevisibles.
Ahora, con Abarzúa prófugo y un pedido de captura vigente, la investigación ingresa en una nueva etapa donde la prioridad inmediata será localizarlo antes de que el conflicto escale todavía más.
