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La discusión sobre el futuro del sistema jubilatorio neuquino volvió al centro de la escena política. En la comisión de Trabajo de la Legislatura se debatió un proyecto que propone crear un ámbito específico para analizar la situación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, pero el intercambio dejó al descubierto tensiones más profundas: si el objetivo es estudiar el problema o avanzar directamente hacia una reforma.
La iniciativa fue impulsada por el diputado César Gass, quien planteó la creación de una comisión especial para evaluar la sustentabilidad del sistema y convocar a distintos actores vinculados al régimen previsional.
Aunque existe consenso en torno a las dificultades financieras que atraviesa el ISSN, las diferencias aparecen al momento de definir cómo abordarlas.
Desde el Movimiento Popular Neuquino surgieron las críticas más directas. El diputado Claudio Domínguez cuestionó la utilidad de crear una nueva comisión solo para recabar información: “Si es para pedir informes, ya lo podemos hacer”, planteó, y puso el foco en una discusión más de fondo: “Primero hay que definir si queremos una reforma o no”.
Ese planteo marcó el tono del debate y dejó en evidencia que el eje ya no es solo técnico, sino político.
Otras voces, como la de la diputada Brenda Buchiniz, coincidieron en la necesidad de ampliar el debate, pero cuestionaron el formato propuesto. Sugirió avanzar con un plenario que incluya a todos los bloques para evitar que la discusión quede acotada.
En la misma línea, se plantearon dudas sobre la representatividad de la eventual comisión y sobre el alcance de sus facultades.
Desde el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el diputado Andrés Blanco fue más allá y adelantó su rechazo al proyecto. Consideró que la propuesta puede funcionar como una forma de “postergar” el debate real sobre el sistema previsional.
“Si lo que se quiere es una reforma, hay que plantearlo con claridad”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ambigüedad de los objetivos.
Detrás del cruce parlamentario aparece un problema estructural: la sostenibilidad del sistema previsional provincial, que solo abarca a trabajadores estatales y enfrenta tensiones entre aportantes activos y beneficiarios.
El debate también roza un punto sensible: cómo se financia el sistema y si deben involucrarse recursos del conjunto de la provincia para sostenerlo.
La discusión por la “pasividad anticipada”, impulsada por el gremio ATE, volvió a quedar postergada, lo que refuerza la idea de que el tratamiento del tema avanza con cautela.
El proyecto seguirá en análisis en las próximas reuniones de comisión, pero el intercambio dejó una señal clara: más allá de los diagnósticos, la Legislatura deberá definir si está dispuesta —o no— a abrir el debate sobre una reforma del sistema jubilatorio neuquino.