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El caso del femicidio de Agostina Jalabert sumó en los últimos días un nuevo capítulo que amplía el escenario de investigación más allá de las fronteras argentinas. La reconstrucción de la línea de tiempo que involucra a Juan Manuel Reverter, principal acusado y actualmente prófugo, incorpora ahora una hipótesis concreta: su posible permanencia en Estados Unidos, específicamente en el estado de California, tras haber salido del país sin impedimentos judiciales vigentes.
La conexión internacional no solo profundiza la gravedad del expediente, sino que reaviva comparaciones inevitables con otro caso de alto impacto que también tuvo como punto de origen la ciudad de Viedma. Se trata del derrotero judicial de Fred Machado, acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico, cuya trama incluyó vínculos políticos, movimientos transnacionales y la intervención de organismos internacionales.
Ambos nombres, ambos expedientes y un mismo punto geográfico confluyen en una ciudad que, de manera reiterada, aparece como escenario inicial de causas que luego escalan a dimensiones nacionales e internacionales. En ese cruce, la capital rionegrina vuelve a quedar bajo la lupa.
Viedma como punto de origen de tramas judiciales complejas
La mención de Viedma no es casual ni anecdótica. En el caso de Fred Machado, la investigación avanzó sobre un entramado de operaciones financieras, presuntos vínculos con el narcotráfico y conexiones con estructuras de poder que derivaron en pedidos de captura internacional y alertas de Interpol. Ese proceso dejó una huella profunda en la opinión pública local y nacional.
Cuando la conmoción por ese expediente comenzaba a disiparse, el nombre de Juan Manuel Reverter volvió a colocar a la ciudad en el centro de la escena. Viedmense por adopción, Reverter es hoy el argentino más buscado en una causa que investiga el femicidio de Agostina Jalabert, un crimen que generó indignación social y un fuerte reclamo de justicia.
La similitud entre ambos casos no reside en la tipificación penal, sino en los patrones que se repiten: desplazamientos internacionales, vacíos administrativos, demoras judiciales y la necesidad de cooperación internacional para avanzar en el juzgamiento de los acusados.
Una declaración perdida y un viaje clave
Uno de los elementos más sensibles del expediente Jalabert es el tratamiento de las declaraciones de Reverter en sede judicial. En junio de 2024, el acusado prestó declaración por segunda vez. Nueve meses antes lo había hecho ante el Juzgado Federal de Viedma, en una instancia que hoy resulta central para la investigación.
Según consta en el expediente, aquella primera declaración quedó inutilizada por una cadena de irregularidades: se perdió la transcripción y no se realizó la grabación correspondiente. Esa omisión imposibilitó el envío del testimonio, considerado fundamental para el avance de la causa y para una eventual instancia de juzgamiento.
Poco tiempo después, en agosto de 2024, Reverter abordó un vuelo en el aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a Estados Unidos. Grass Valley, en California, figura como el lugar al que se habría dirigido el acusado, en un momento en el que aún no pesaban imputaciones formales en su contra y su situación procesal era la de testigo.
El vacío migratorio y la hipótesis estadounidense
Uno de los datos que refuerza la hipótesis de su permanencia en Estados Unidos es la ausencia de registros oficiales de reingreso a la Argentina. Según fuentes vinculadas a la investigación, no existen constancias migratorias que acrediten su retorno al país luego de aquel viaje de agosto de 2024.
Ese vacío adquiere una dimensión crítica tras la emisión del pedido de captura internacional con fines de extradición y juzgamiento. La notificación incluye fotografías, identificación completa y la calificación de prófugo, buscado por femicidio, bajo una alerta roja de Interpol.
Para la familia de Agostina Jalabert y su entorno más cercano, la presencia de Reverter en territorio estadounidense no solo es verosímil, sino alarmante. Las actuales políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump, endurecieron los controles y las sanciones para personas en situación irregular, con especial severidad cuando existen antecedentes penales o alertas internacionales.
Interpol, extradición y un escenario judicial abierto
La eventual localización de Reverter en Estados Unidos abriría un escenario complejo en términos judiciales y diplomáticos. La activación de mecanismos de cooperación internacional, la intervención de Interpol y un eventual pedido de extradición colocarían el caso en una instancia decisiva para garantizar que el acusado sea juzgado.
A diferencia de etapas previas de la investigación, el expediente Jalabert ya no se limita al ámbito provincial o nacional. La dimensión internacional del caso obliga a revisar responsabilidades institucionales, desde el manejo inicial de declaraciones hasta los controles migratorios que permitieron la salida del país sin restricciones.
En paralelo, la comparación con el caso Machado funciona como advertencia. Ambos expedientes exponen cómo las demoras, omisiones y fallas estructurales pueden facilitar la fuga de personas involucradas en delitos graves, trasladando el peso de la resolución judicial a instancias más complejas y prolongadas.
Una causa que interpela al sistema
El femicidio de Agostina Jalabert no es solo un caso policial o judicial. Es una causa que interpela al sistema en su conjunto: al funcionamiento de la Justicia, a los mecanismos de control del Estado y a la capacidad de respuesta frente a la violencia de género.
Mientras la búsqueda de Juan Manuel Reverter continúa y las hipótesis se concentran cada vez más en el exterior, la expectativa social se mantiene intacta. La reconstrucción de la línea de tiempo, los vínculos internacionales y las omisiones del pasado reciente serán determinantes para evitar que el expediente se sume a la larga lista de causas inconclusas.
En ese contexto, Viedma vuelve a aparecer como el punto de partida de historias que exceden su geografía. Y la pregunta que subyace, más allá de nombres propios, es hasta qué punto el sistema está preparado para evitar que los acusados crucen fronteras antes de rendir cuentas ante la Justicia.
