Cuota alimentaria: la Justicia neuquina ordenó pagar el 25% de ingresos reales tras detectar maniobras para ocultarlos

La Cámara Civil de Neuquén falló a favor de una madre que denunció ingresos falseados por parte del progenitor. El tribunal fijó un nuevo piso para la cuota, basado en la capacidad económica real del demandado, socio de una empresa y titular de propiedades y cuentas bancarias.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén resolvió un caso de cuota alimentaria con un criterio contundente frente a intentos de evasión de responsabilidades parentales. El tribunal ordenó que un hombre deberá abonar el 25% de sus ingresos reales, con un piso mínimo equivalente a 1,25 veces la canasta de crianza del INDEC, según la edad del niño beneficiario.

La decisión revocó un fallo de primera instancia que había establecido un monto significativamente menor, basándose en un recibo de sueldo presentado por el padre que, según se comprobó, no reflejaba su verdadera capacidad económica. El hombre había declarado ingresos muy por debajo de los registrados ante la AFIP y figuraba como empleado de una empresa en la que en realidad es socio gerente.

“El escenario fáctico y probatorio permite presumir una solvencia superior”, sostiene el fallo de la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Patricia Clerici y José Noacco. La resolución se apoya en informes de organismos oficiales que acreditaron que el demandado es titular de propiedades en otra provincia, posee cuentas en distintas entidades financieras y vehículos, además de mantener un nivel de vida elevado.

El conflicto se originó por una solicitud de actualización de cuota presentada por la madre, quien acreditó que el aporte mensual del padre representaba apenas el 1% de sus ingresos reales entre marzo de 2023 y febrero de 2024. La Cámara consideró que existía una clara intención de minimizar sus obligaciones parentales al ocultar su patrimonio.

Además del ajuste porcentual, los jueces establecieron un monto mínimo vinculado a la canasta de crianza que publica el INDEC, una herramienta que en los últimos años se consolidó como referencia objetiva para calcular las necesidades económicas de niños y adolescentes.

La resolución sienta un precedente relevante en materia de litigios por cuota alimentaria en la provincia, al poner el foco no solo en los ingresos formales sino en la verdadera capacidad económica y el estilo de vida del obligado, incluso cuando estos elementos son disimulados durante el proceso judicial.