El debate por la aplicación de la “ley de reiterancia” desató una fuerte tensión en Neuquén entre el Poder Legislativo y la Justicia. El bloque de diputados del PRO envió un correo electrónico al juez de Garantías de Junín de los Andes, Maximiliano Bagnat, para pedirle explicaciones sobre por qué no dictó la prisión preventiva a un imputado por narcotráfico, a pesar de que el fiscal había solicitado la medida.
La nota, firmada por Marcelo Bermúdez, Damián Canuto, Mercedes Tulian y Verónica Lichter, sostuvo que los jueces cuentan con la herramienta jurídica para ordenar la detención cuando se trata de personas que reinciden en delitos. “Queremos entender por qué no se aplica una ley que está sancionada”, señaló Canuto, quien negó que se trate de un intento de presión.
Sin embargo, la respuesta institucional no tardó en llegar. El Colegio de Jueces del interior provincial contestó que el pedido de explicaciones por fuera de los mecanismos procesales “podría vulnerar el principio de división de poderes”. Recordó que existen vías recursivas para cuestionar un fallo y que las audiencias quedan registradas en video, disponibles para su consulta.
En su escrito, firmado por Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, el Colegio advirtió que la consulta directa de legisladores a un juez sobre un caso en trámite “puede percibirse como un intento de condicionar la interpretación judicial de la norma” y “acercarse a una forma de presión indebida”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Neuquén también se pronunció en defensa de la independencia judicial y elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Aunque el máximo tribunal provincial está al tanto de la controversia, por ahora no emitirá opinión.
El trasfondo político no es menor: la “ley de reiterancia” fue respaldada por el gobernador Rolando Figueroa y aprobada en la Legislatura neuquina. La discusión sobre su alcance reaviva el debate sobre los límites entre la interpretación judicial y las decisiones políticas en materia penal.
