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La caída del consumo y los recientes anuncios de cierres comerciales en Neuquén motivaron la presentación de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia económica y laboral del comercio minorista y las pequeñas y medianas empresas de la provincia durante un año.
La iniciativa fue impulsada por las diputadas Cecilia Papa, del bloque Democracia Neuquén, y Brenda Buchiniz, de Cumplir, quienes plantearon la necesidad de establecer medidas fiscales, financieras y laborales para evitar el cierre de establecimientos y la pérdida de empleos.
El proyecto ingresó a la Legislatura provincial el lunes 2 de noviembre, bajo el número 18781, y contempla una serie de herramientas destinadas a sostener la actividad comercial en un contexto de retracción de las ventas.
Entre los fundamentos de la propuesta se menciona un relevamiento del Centro de Empleados de Comercio que advierte sobre una caída del 30% en las ventas minoristas, además de recientes anuncios de cierre de una sucursal de una cadena de supermercados y de una empresa nacional dedicada a la comercialización de electrodomésticos.
Una de las principales medidas previstas en el proyecto consiste en establecer una bonificación de hasta el 50% de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los comercios y establecimientos que mantengan sus planteles de trabajadores.
El beneficio estaría condicionado a la conservación de los puestos de trabajo, con el objetivo de vincular el alivio impositivo con la continuidad laboral.
De aprobarse la iniciativa, los establecimientos que cumplan con los requisitos establecidos podrían acceder a una reducción de su carga tributaria provincial durante la vigencia de la emergencia.
La propuesta busca disminuir los costos operativos de los comercios y pymes que atraviesan dificultades económicas, especialmente aquellos afectados por la disminución de las ventas.
El proyecto también contempla la creación de una línea de financiamiento subsidiada a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN).
Los créditos estarían destinados al pago de salarios y a la adquisición de insumos y bienes de capital necesarios para el funcionamiento de las actividades comerciales y productivas.
La herramienta financiera apunta a facilitar el acceso a recursos para establecimientos que necesitan afrontar sus obligaciones laborales y mantener su capacidad operativa.
De esta manera, la iniciativa combina una reducción impositiva con financiamiento destinado a sostener la actividad económica de los pequeños y medianos negocios.
Otro de los puntos del proyecto establece la creación de una instancia de mediación con intervención del Estado provincial para abordar situaciones que puedan derivar en suspensiones o despidos.
El mecanismo está orientado a generar espacios de negociación antes de que se concreten medidas que afecten la continuidad laboral de los trabajadores.
La iniciativa también propone otorgar preferencia a las pymes neuquinas en las compras y contrataciones que realice el gobierno provincial.
Con esta disposición, las autoras buscan ampliar las oportunidades de participación de empresas locales en la provisión de bienes y servicios requeridos por el Estado.
El Ministerio de Economía provincial sería la autoridad de aplicación de la normativa, en caso de que resulte aprobada.
En los fundamentos del proyecto, las legisladoras relacionan la necesidad de declarar la emergencia con las dificultades que atraviesa el comercio minorista neuquino.
La propuesta menciona anuncios recientes de cierre de establecimientos pertenecientes a una cadena de supermercados y a una firma nacional del sector de electrodomésticos.
También incorpora los datos de un relevamiento del Centro de Empleados de Comercio que señala una contracción del 30% en las ventas minoristas.
Las autoras advierten que el cierre de establecimientos tiene consecuencias que exceden a las empresas directamente afectadas, debido a su impacto sobre el empleo registrado, la circulación de dinero en los barrios y la recaudación tributaria.
En ese sentido, sostienen que la pérdida de locales comerciales reduce la actividad económica y afecta tanto a los trabajadores como a otros sectores vinculados con el consumo.
El proyecto establece un período de vigencia de doce meses para la emergencia económica y laboral del comercio y las pymes de Neuquén.
Durante ese plazo podrían implementarse las medidas de alivio fiscal, financiamiento y prevención de conflictos laborales contempladas en la iniciativa.
La propuesta deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de una eventual aprobación.
El expediente 18781 fue presentado formalmente el 2 de noviembre con las firmas de Cecilia Papa y Brenda Buchiniz, y plantea una intervención provincial destinada a sostener los comercios y las fuentes de trabajo frente a la caída de la actividad minorista.
