La crítica situación del sistema penitenciario en Neuquén llevó a la Justicia a tomar una decisión clave: a partir del 4 de marzo, el Ministerio de Seguridad no podrá ingresar nuevos condenados a las comisarías del área capital. Así lo ordenó el juez de Garantías Juan Manuel Kees, quien además estableció un plazo hasta el 6 de septiembre para trasladar a los detenidos que actualmente cumplen condena en esas dependencias.
La resolución surge tras un hábeas corpus colectivo presentado por el Ministerio Público de la Defensa, con el respaldo de abogados particulares. Kees determinó que la detención de personas en comisarías representa un trato cruel, inhumano y degradante, violando derechos fundamentales.
Actualmente, más de 80 condenados se encuentran alojados en comisarías neuquinas, y el número podría aumentar en los próximos meses con la implementación de la ley de narcomenudeo y la posible entrada en vigencia de la ley de reiterancia.
El juez cuestionó al gobierno provincial por la subejecución de los fondos destinados a la emergencia penitenciaria. De los 50 millones de dólares aprobados para mejorar el sistema carcelario, solo se han invertido 2 millones, una cifra considerada insuficiente.
Además, Kees criticó la decisión del Ejecutivo de realizar licitaciones en lugar de contrataciones directas, lo que retrasa las soluciones urgentes para la crisis.
Durante las audiencias judiciales, el ministro de Seguridad Matías Nicolini no se presentó, a pesar de estar citado. Su ausencia generó malestar entre los participantes del proceso, quienes remarcaron que, como funcionario y exjuez, tiene la obligación de responder ante la Justicia.
Mientras se desarrollaban las audiencias, el gobernador Rolando Figueroa compartió en redes sociales imágenes junto a Nicolini en un operativo de monitoreo de incendios, lo que generó críticas por su falta de respuesta ante la crisis carcelaria.
Desde la fiscalía, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid anunció que pedirá una revisión de la medida y no se descarta una solicitud para habilitar nuevos cupos en la Unidad de Detención 11, donde desde noviembre de 2022 está prohibido el ingreso de presos salvo en caso de egresos.
Por su parte, la defensa pública y abogados particulares consideraron que la decisión de Kees es un avance en la protección de los derechos de los detenidos y en la búsqueda de soluciones estructurales al problema penitenciario en la provincia.
