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Neuquén AR

Crimen de Julián Dobra en Roca: pericias de ADN, celulares y huellas complican a los acusados

La Fiscalía presentó nuevas pruebas y pidió agravar la imputación de uno de los siete investigados, que podría pasar de encubridor a presunto coautor del homicidio. También solicitó revisar las medidas cautelares y extender la investigación hasta febrero de 2027. El juez resolverá este viernes.

 

 

La investigación por el crimen de Julián Dobra en General Roca sumó nuevos elementos de prueba que llevaron al Ministerio Público Fiscal a solicitar una reformulación de los cargos contra los siete imputados. Durante una audiencia realizada este miércoles 4 de noviembre, la acusación pidió modificar la situación procesal de uno de los adultos, hasta ahora investigado por encubrimiento, para atribuirle una presunta participación directa en el asesinato.

El planteo se sustentó en resultados de pericias genéticas, análisis de teléfonos celulares, registros de comunicaciones, estudios de rastros de calzado y nuevos informes forenses incorporados al expediente.

El equipo fiscal, integrado por la fiscal jefa Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos, sostuvo que la evidencia reunida permite avanzar sobre la hipótesis de que el acusado habría intervenido en la planificación y ejecución del crimen.

Las defensas rechazaron la reformulación y cuestionaron tanto la interpretación de las pruebas como los pedidos de medidas cautelares.

El juez Julio Martínez Vivot anunció que dará a conocer su resolución el viernes 6 de noviembre, a las 12.30, en los Tribunales de General Roca.

De encubridor a presunto coautor: qué cambió en la acusación

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el pedido fiscal para agravar la imputación de un hombre que hasta ahora estaba acusado de encubrimiento.

Según la nueva hipótesis del Ministerio Público Fiscal, su participación habría sido más amplia y estaría vinculada directamente con la organización y ejecución del hecho.

Por ese motivo, la Fiscalía solicitó atribuirle el delito de homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores de edad y por el uso de un arma de fuego.

También incorporó figuras vinculadas con el hurto calificado y la utilización de una llave verdadera sustraída.

El agravante criminis causa se aplica cuando un homicidio se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para procurar la impunidad.

La nueva calificación fue solicitada por la Fiscalía y todavía debe ser evaluada por el juez. No constituye una determinación judicial de culpabilidad.

ADN, zapatillas y mensajes: las pruebas presentadas por la Fiscalía

Durante la audiencia, los fiscales detallaron una serie de peritajes que consideran relevantes para reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer sus posibles responsabilidades.

Uno de los estudios fue realizado por el Gabinete de Criminalística y permitió identificar correspondencias entre rastros de calzado y zapatillas secuestradas a uno de los imputados.

Los investigadores compararon esos resultados con imágenes extraídas de teléfonos celulares.

También se incorporaron informes de posicionamiento geosatelital, registros de llamadas y capturas de los últimos mensajes intercambiados entre Dobra y personas investigadas.

La evidencia tecnológica incluyó material fotográfico y fílmico hallado en el interior del Suzuki Fun que pertenecía a la víctima.

La Fiscalía mencionó, además, comunicaciones que habrían sido eliminadas pocos minutos después del hecho y testimonios relacionados con los vínculos entre los involucrados.

Qué reveló la autopsia de Julián Dobra

Los informes forenses también ocuparon un lugar importante en la exposición de la acusación.

De acuerdo con lo señalado por el fiscal Marcelo Ramos, la autopsia determinó que Dobra presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes de puño, patadas y arrastre.

Los peritos también identificaron heridas que habrían sido provocadas mediante un objeto contundente secuestrado durante la investigación.

El informe médico indicó que la víctima presentaba signos de agonía.

Por otra parte, el Laboratorio Regional de Genética Forense detectó un perfil positivo de ADN de contacto en la empuñadura de un arma secuestrada en el domicilio de uno de los imputados.

Los estudios también arrojaron resultados positivos en otras muestras biológicas incorporadas a la causa.

La Fiscalía presentó estos elementos como parte de la evidencia destinada a establecer la intervención de los distintos acusados.

Qué medidas pidió la Fiscalía para los siete imputados

Además de reformular los cargos, el Ministerio Público Fiscal solicitó revisar las medidas cautelares que cumplen los investigados.

En el caso de uno de los adolescentes punibles, cuya imputación continúa siendo por encubrimiento agravado, pidió mantener las presentaciones personales periódicas.

Para otros tres adolescentes, a quienes atribuye participación directa en el homicidio agravado, solicitó extender el arresto domiciliario y el tratamiento tutelar a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Respecto de uno de los adultos cuya situación procesal fue revisada durante la audiencia, la acusación requirió prisión domiciliaria con monitoreo mediante pulsera electrónica.

Para otro de los imputados, señalado como presunto coautor del homicidio agravado, solicitó mantener la prisión preventiva.

En cuanto al acusado al que se atribuye un posible papel de planificación y coordinación con los menores, la Fiscalía pidió conservar las restricciones cautelares hasta el debate oral.

Los fiscales fundamentaron sus solicitudes principalmente en el riesgo de fuga, teniendo en cuenta la gravedad de las imputaciones y la expectativa de una eventual condena.

También requirieron extender el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 10 de febrero de 2027.

Las defensas rechazaron la nueva imputación y cuestionaron las pruebas

Los abogados defensores se opusieron a los planteos del Ministerio Público Fiscal.

El representante particular del hombre cuya situación procesal podría agravarse solicitó que no se admitan los nuevos cargos y que se rechacen tanto la recalificación como el pedido de prisión preventiva.

Por su parte, los integrantes de la Defensa Penal Juvenil cuestionaron la hipótesis de que hubiera existido un acuerdo previo para cometer el homicidio.

También rechazaron que la evidencia presentada permita acreditar el agravante de criminis causa.

En relación con los adolescentes que cumplen arresto domiciliario, los defensores solicitaron revisar las restricciones vigentes.

Argumentaron que los jóvenes se encuentran próximos a alcanzar el plazo máximo de prisión preventiva permitido por la legislación aplicable y que cumplieron las condiciones impuestas sin registrar incumplimientos.

Como alternativa, propusieron reemplazar el arresto domiciliario por dispositivos de monitoreo electrónico y presentaciones periódicas ante la Fiscalía.

El viernes se definirá la situación procesal de los acusados

Tras escuchar los planteos de la Fiscalía y las defensas, el juez Julio Martínez Vivot dispuso comunicar su decisión el viernes 6 de noviembre a las 12.30.

La resolución deberá abordar la reformulación de cargos solicitada por el Ministerio Público Fiscal y las medidas cautelares correspondientes a los siete imputados.

También se definirá el pedido de ampliación del plazo de investigación hasta febrero de 2027.

La causa continúa en la etapa de investigación penal preparatoria, con la Fiscalía reuniendo elementos para sostener su acusación y las defensas cuestionando la atribución de responsabilidades a sus representados.

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