Con la cosecha finalizada en los valles frutícolas de Río Negro, más de 400 productores recibieron una asistencia clave: $3.800 millones en créditos para cubrir los costos de levantamiento de peras y manzanas. La ayuda fue gestionada a través de un acuerdo entre la provincia y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con fondos del FONDEP, y se canalizó con una tasa de interés del 0% y condiciones flexibles de devolución.
El presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, confirmó que fueron 401 los inscriptos, y que los primeros 250 ya cobraron los fondos en las últimas semanas. Si bien reconoció que la ayuda “llegó tarde”, valoró el impacto y la agilidad del sistema de tramitación: “Antes se perdía medio día presentando una carpeta enorme; ahora, algunos trámites se resolvieron en 10 minutos”, destacó.
Los créditos otorgados contemplaban un tope de $1 millón por hectárea para productores de hasta 10 hectáreas. Quienes tienen mayor superficie recibieron menos por hectárea, como en el caso de un chacarero con 20 hectáreas, que accedió a $500.000 por hectárea.
A pesar del límite, Hernández consideró que se alcanzó “en buena medida” el objetivo: “Nuestra estimación era que el sector necesitaba $14.000 millones, pero logramos cubrir una parte importante con este esquema”.
Con un remanente de $1.200 millones de la línea original —de $5.000 millones—, y a la espera de nuevos fondos, la Federación ya trabaja con el gobierno provincial para lanzar una operatoria similar para cubrir los costos de poda, que se dispararon en dólares. Según datos del sector, un trabajador de cosecha cuesta hoy unos 1.200 dólares en Argentina, contra 480 en Chile, lo que pone al Alto Valle en clara desventaja competitiva.
Desde la Federación resaltaron la tarea del Fondo Fiduciario de Río Negro, que fue el encargado de validar la documentación presentada por los productores. La implementación digital del sistema permitió acortar los plazos y reducir la burocracia, en un contexto donde la disponibilidad de recursos y tiempos políticos es más ajustada.
Hernández evitó polemizar sobre cuestionamientos surgidos en los últimos días, pero adelantó que la semana próxima habrá una evaluación institucional de toda la operatoria, en una reunión de la Federación con participación de cámaras y referentes del sector.
“El objetivo es que el productor no quede desamparado y que el Estado pueda responder con herramientas concretas”, concluyó.
