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Un grupo de legisladores de la oposición de Río Negro presentó un pedido de informes para conocer cómo se distribuirán las inversiones previstas en un programa de financiamiento de 80 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a obras de infraestructura productiva en la provincia.
La iniciativa apunta especialmente a identificar a los propietarios de los terrenos que podrían beneficiarse con proyectos de electrificación rural, ampliación de superficies bajo riego y extensión de infraestructura vinculada con la producción.
Los legisladores también buscan establecer si existen mecanismos para que los propietarios particulares realicen aportes o reintegros cuando las inversiones públicas produzcan un incremento significativo del valor de sus tierras.
El planteo fue impulsado por la legisladora Magdalena Odarda y el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, junto con representantes de esa bancada y del espacio PJ-Nuevo Encuentro.
El pedido legislativo busca conocer el destino concreto de los fondos y los criterios utilizados para seleccionar las obras y los sectores productivos que recibirán las inversiones.
Entre los principales puntos, los legisladores solicitan que el Ejecutivo provincial detalle:
La oposición pretende determinar si el programa contempla herramientas para distribuir los beneficios de las obras entre distintos sectores de la producción.
Uno de los ejes centrales del planteo es la posibilidad de que las obras financiadas mediante endeudamiento provincial aumenten el valor de propiedades particulares.
Desde Vamos con Todos consideran necesario conocer si los propietarios beneficiados deberán realizar alguna contribución económica en función de esa eventual valorización.
El presidente del bloque, José Luis Berros, sostuvo que la discusión no pasa por cuestionar la necesidad de invertir en infraestructura, sino por establecer quiénes recibirán los beneficios directos.
“Nadie se opone a que Río Negro invierta en infraestructura productiva. Lo que queremos saber es algo mucho más básico: quiénes se van a beneficiar con este crédito y cuánto van a ganar gracias a una obra que vamos a pagar entre todos los rionegrinos”, expresó.
Berros también planteó que debería analizarse la relación entre el financiamiento público de las obras y las ganancias que eventualmente puedan obtener los propietarios privados.
El pedido no acredita por sí mismo que existan beneficios indebidos o irregularidades en la asignación de los recursos. Se trata de interrogantes que los legisladores buscan esclarecer mediante información oficial.
La legisladora Magdalena Odarda también reclamó precisiones sobre los proyectos incluidos en el programa.
Según sostuvo, conocer la cantidad de kilómetros de tendido eléctrico o de hectáreas incorporadas al riego no resulta suficiente para evaluar el alcance económico de las inversiones.
“El Gobierno tiene que transparentar el mapa de beneficiarios”, afirmó.
Odarda señaló que es necesario identificar las tierras alcanzadas, sus propietarios y la valorización que podrían experimentar a partir de las obras.
Además, expresó preocupación por el compromiso financiero que representará el crédito para la Provincia.
La legisladora sostuvo que el endeudamiento deberá afrontarse durante 25 años y consideró que ese plazo obliga a analizar con mayor detalle quiénes recibirán los beneficios directos.
Esa referencia al período de devolución forma parte de sus declaraciones y deberá contrastarse con las condiciones financieras definitivas del préstamo.
El financiamiento del BID está vinculado con un programa de infraestructura destinado a mejorar las condiciones para el desarrollo productivo de Río Negro.
Entre las intervenciones mencionadas aparecen la electrificación rural, la ampliación de superficies bajo riego y la extensión de servicios necesarios para distintas actividades económicas.
Este tipo de inversiones puede facilitar el acceso a energía, mejorar las condiciones de producción y permitir la incorporación de nuevas superficies a determinadas actividades.
Sin embargo, los legisladores opositores plantean que el impacto de esas obras debe analizarse también desde la distribución territorial y económica de sus beneficios.
En particular, buscan conocer qué proporción de los recursos estará destinada a pequeños y medianos productores y qué parte podría favorecer a establecimientos de mayor escala.
La presentación fue acompañada por José Luis Berros, Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich.
Los firmantes sostienen que la Provincia debe informar los criterios de asignación de los recursos y explicar si existen mecanismos para recuperar parte de los beneficios económicos generados por las obras.
El planteo también incorpora una discusión sobre la relación entre inversión pública, endeudamiento y rentabilidad privada.
Por el momento, la información difundida corresponde al pedido formulado por los legisladores y no incluye una respuesta del Gobierno provincial sobre los puntos cuestionados.
La presentación busca que el Ejecutivo detalle qué proyectos se financiarán con los 80 millones de dólares, quiénes serán sus beneficiarios y qué condiciones se establecerán para distribuir los resultados de las inversiones productivas.
