La posibilidad de que el Gobierno nacional avance con modificaciones en el régimen de Zona Fría volvió a generar fuerte preocupación en Río Negro. Legisladores del bloque PJ-Nuevo Encuentro impulsaron un proyecto de comunicación en la Legislatura provincial para rechazar cualquier intento de reducir o eliminar los beneficios establecidos por la Ley Nacional 27.637, que contempla tarifas diferenciales de gas para regiones de bajas temperaturas.
La iniciativa surgió luego de versiones sobre eventuales cambios en los subsidios energéticos impulsados por la administración de Javier Milei y plantea que una quita del esquema tendría consecuencias económicas y sociales directas sobre miles de hogares patagónicos.
Uno de los autores del proyecto, el legislador Leandro García, sostuvo que en la provincia el acceso a la calefacción “no es un lujo”, sino una necesidad esencial durante gran parte del año debido a las condiciones climáticas.
Desde el bloque opositor remarcaron que los sectores más perjudicados serían los jubilados, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos, que actualmente destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago de servicios, alimentos, alquileres y medicamentos.
Según señalaron, un eventual aumento significativo en las boletas de gas podría obligar a muchas familias a reducir otros gastos esenciales o incluso endeudarse para afrontar el invierno.
Los legisladores también cuestionaron el recorte de programas de asistencia vinculados al gas envasado, especialmente en localidades y barrios donde no existe acceso a la red domiciliaria.
Otro de los puntos planteados en el proyecto tiene que ver con la situación de quienes dependen de garrafas para calefaccionarse y cocinar. Desde el PJ-Nuevo Encuentro advirtieron que el achicamiento del Programa Hogar profundiza las desigualdades en sectores populares y regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
En varias localidades de la Región Sur rionegrina, el uso de gas envasado continúa siendo la única alternativa para enfrentar las bajas temperaturas durante el otoño y el invierno.
En los fundamentos del proyecto, el bloque sostuvo que las provincias patagónicas tienen un consumo energético estructuralmente más elevado debido a las condiciones climáticas y que el régimen de Zona Fría funciona como una herramienta de compensación territorial.
Además, señalaron que el impacto de las tarifas también repercute sobre las economías regionales, ya que cada incremento reduce capacidad de consumo y afecta de manera directa a comercios y pequeñas actividades productivas.
“La Patagonia no puede ser tratada con criterios diseñados desde Buenos Aires”, expresaron desde el espacio opositor al convocar a otros sectores políticos y sociales a respaldar la continuidad del beneficio.
El debate sobre la Zona Fría vuelve así a instalarse como uno de los principales focos de tensión entre las provincias patagónicas y el Gobierno nacional en medio del proceso de reducción de subsidios y ajuste fiscal impulsado por la Casa Rosada.
