La eliminación de programas sociales y la caída de las transferencias a las provincias reactivaron protestas y cortes de ruta en distintos puntos del país. En paralelo, los gobiernos subnacionales enfrentan tensiones salariales y problemas de financiamiento en un contexto de ajuste fiscal y retracción del consumo.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que alcanzaba a cerca de un millón de personas, volvió a trasladar el conflicto social a las rutas y accesos urbanos. Las primeras protestas se registraron en varias provincias y en puntos neurálgicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con interrupciones del tránsito y reclamos por la discontinuidad de la asistencia estatal.
El programa representaba un gasto estimado de 680 millones de dólares anuales, y su recorte se inscribe en la estrategia de consolidación fiscal impulsada por la administración de Javier Milei, que busca reducir el peso del Estado sobre las cuentas públicas en un contexto de fuerte ajuste del gasto.
El impacto de esa política se extiende a las provincias, donde la caída de las transferencias automáticas —calculada en torno al 8,1%— profundiza las dificultades financieras. En ese marco, los gobiernos provinciales enfrentan una creciente presión por el cierre de paritarias en sectores clave como educación, salud, administración pública y seguridad.
Ante este escenario, el ministro del Interior Diego Santilli intensificó el contacto con gobernadores aliados para intentar ordenar el frente fiscal, incluyendo la posibilidad de adelantar fondos que permitan atender compromisos inmediatos, en especial salariales.
Las protestas sociales, encabezadas por organizaciones como el Polo Obrero, volvieron a tener como eje el reclamo por la continuidad de la asistencia y el impacto del ajuste en los sectores de menores ingresos. Dirigentes sociales advierten que la reducción de programas no solo afecta a los beneficiarios directos, sino también al circuito económico de varias economías regionales.
En paralelo, la actividad económica muestra señales de heterogeneidad: mientras algunos sectores vinculados al consumo masivo continúan en retroceso, otros segmentos exhiben mayor estabilidad, profundizando la brecha entre distintos niveles de ingresos y configurando un escenario de “dos economías” en simultáneo.
El conflicto social se combina con tensiones políticas y de gestión en la Casa Rosada, donde el Gobierno monitorea el efecto de las medidas de ajuste y su impacto en la calle, en un clima donde la gobernabilidad depende cada vez más del equilibrio entre orden fiscal y contención social.
