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El exintendente de Fernández Oro, Oscar “Cacho” Reggioni, podría enfrentar una nueva condena judicial. Esta vez, acusado de graves delitos de corrupción relacionados con la construcción de viviendas sociales durante su gestión. El fiscal jefe Gustavo Herrera solicitó que se lo declare culpable por peculado, falsificación de documentos públicos, uso de documentación falsa y administración fraudulenta.
El pedido fue formulado al término del juicio oral y público que se extendió por más de una semana y en el que se debatió el destino de fondos públicos que debían ser utilizados para la ejecución de viviendas en la localidad. Según la acusación, durante la gestión de Reggioni se habrían desviado recursos y manipulado documentación para justificar avances de obra que no se concretaron o se realizaron de manera deficiente.
Además del exintendente, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la responsabilidad penal de otros tres imputados: dos hombres vinculados a la ejecución de las obras y una colaboradora cercana al entonces jefe comunal. En cambio, se desestimaron los cargos contra un quinto acusado por falta de pruebas.
De acuerdo con lo ventilado durante el juicio, se falsificaron certificados de obra para liberar pagos y se omitieron controles que eran obligatorios, permitiendo maniobras que afectaron directamente la calidad de las viviendas y el cumplimiento del proyecto original.
El caso generó fuerte repercusión en la comunidad de Fernández Oro, donde organizaciones vecinales habían denunciado irregularidades desde 2019. Las viviendas en cuestión formaban parte de un plan social financiado con recursos nacionales, y muchas de ellas quedaron inconclusas o presentaron graves fallas estructurales.
Reggioni ya había estado involucrado en causas judiciales anteriores, aunque esta es una de las más complejas por la cantidad de pruebas documentales y testimoniales recolectadas. En su alegato final, el fiscal Herrera remarcó que el accionar del exintendente “no solo defraudó al Estado, sino que perjudicó directamente a decenas de familias que esperaban acceder a una vivienda digna”.
La sentencia será dictada el 8 de mayo por el tribunal que presidió el debate, integrado por tres jueces del fuero penal de Cipolletti. De ser hallado culpable, Reggioni podría enfrentar una pena de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, desde el municipio actual, conducido por Mariano Lavín, se informó que se están auditando todos los convenios de obra heredados de gestiones anteriores y se evalúan posibles acciones legales para recuperar fondos.
