Dólar oficial $1.385 – Dólar Turista 1.800,50 – Dólar blue $1.400 – Dólar MEP $1.401,03 – Contado con Liqui $1.465,40 – Riesgo País 532
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En medio de una creciente polarización política y escándalos que golpean a los principales partidos de España, un nuevo capítulo sacude al Partido Popular (PP): la Justicia avanza sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por presuntos delitos fiscales y falsedad documental.
La causa, que se tramita en el Juzgado de Instrucción N° 19 de Madrid, señala que González Amador habría defraudado más de 350.000 euros al fisco mediante facturas apócrifas durante la venta de mascarillas en plena pandemia de COVID-19. La Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indaga si existieron operaciones de lavado de activos.
Negocios, favores y contratos con el Estado
Uno de los puntos más controvertidos es la compra de la empresa Masterman SL por parte de González Amador. La operación, realizada por 500.000 euros a la esposa de un directivo de Quirón Prevención —empresa con contratos millonarios con la Comunidad de Madrid—, fue calificada por la jueza del caso como “artificiosa”. La sospecha: podría haber servido para encubrir sobornos o tráfico de influencias.
Aunque Isabel Díaz Ayuso no figura como imputada, la oposición reclama que se investigue si se benefició de manera indirecta, en especial por la presunta financiación irregular de un ático de lujo en la capital española. Desde el PSOE y Más Madrid exigen explicaciones y denuncian opacidad en la gestión de la presidenta regional.
Ayuso denuncia persecución y tensiona al Partido Popular
Lejos de tomar distancia, Ayuso defendió públicamente a su pareja y denunció una “persecución política” del Gobierno de Pedro Sánchez. Asegura que las filtraciones forman parte de una estrategia para desprestigiarla y que la causa judicial es parte de una campaña “coordinada” desde la Moncloa.
Sin embargo, la respuesta política no ha sido unánime dentro del PP. Voces internas critican la errática estrategia comunicacional de su entorno, en especial del jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, cuyo estilo confrontativo habría erosionado aún más la imagen de la presidenta.
Mientras tanto, la causa avanza en paralelo a otras investigaciones por corrupción que afectan al oficialismo, lo que agudiza la desconfianza ciudadana hacia la clase política y reconfigura el escenario rumbo a las próximas elecciones autonómicas y generales.
