Dos comunidades mapuches de la cordillera rionegrina aguardan la decisión del Tribunal de Impugnación sobre las sentencias de desalojo por usurpación, en medio de un contexto de medidas impulsadas por la ministra Patricia Bullrich a nivel nacional.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a Bariloche esta semana con la intención de dar continuidad a los operativos de desalojo en todo el país, tras la medida tomada en el parque nacional Los Alerces, en Chubut. Aunque su rol se limita a la seguridad y no incide directamente en las causas judiciales locales, en Río Negro dos comunidades mapuches se encuentran a la espera de la resolución del Tribunal de Impugnación sobre sentencias de desalojo ya emitidas por la justicia provincial.
En 2024, la justicia rionegrina avanzó con varias causas penales contra comunidades mapuches acusadas de usurpación, sin considerar la Ley 26.160 que ordenaba el relevamiento territorial y suspendía los desalojos. Esta ley fue derogada en diciembre por el presidente Javier Milei. En la provincia, se considera como “usurpación” lo que las comunidades mapuches llaman “recuperación territorial”.
Uno de los casos más relevantes es el de la comunidad Buenuleo, ubicada al pie del cerro Ventana, en Bariloche. En mayo de 2024, la comunidad fue condenada por usurpación con penas de prisión en suspenso y una orden de desalojo. La sentencia original fue impugnada y ahora está siendo revisada por un tribunal especial. La comunidad ha advertido que resistirá cualquier avance hacia el desalojo.
Otro caso que sigue en suspenso es el de la comunidad Quemquemtreu, ubicada en Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, que fue condenada a prisión en suspenso y también enfrenta una orden de desalojo. En este caso, la defensa apeló la sentencia el pasado diciembre. Además, se espera que en marzo de 2025 comience el juicio por usurpación de la comunidad Millapi, en el paraje Los Molles, cuyo inicio estaba previsto para finales de 2024 pero fue postergado.
Las tierras en disputa son mayormente propiedad de privados, aunque en el caso de Cuesta del Ternero, las tierras son fiscales pero están bajo un permiso de explotación forestal a nombre de los demandantes.
El impulso de Bullrich y los operativos de desalojo en otras provincias han avivado el debate sobre los derechos territoriales de las comunidades mapuches, mientras en Río Negro las decisiones judiciales están a la espera de ser tomadas, con un contexto tenso y de creciente expectación por parte de las partes involucradas.
