La obra del megaproyecto del Poder Judicial quedó en un 70 por ciento y se está trabajando en los pliegos para interesar a nuevas firmas especializadas.
Después de la frustrada salida de las empresas que abandonaron la obra, el Poder Judicial prepara una batería de licitaciones para terminar el Complejo Judicial Cipolletti. El edificio quedó en un 70 por ciento y el área de Arquitectura está trabajando en los pliegos para que nuevas firmas especializadas se presenten a la compulsa.
“El plan de trabajos consiste en reformular el esquema de ejecución. Se realizarán licitaciones fragmentadas para los rubros pendientes (climatización, energía eléctrica, tabiquería, entre otros), de modo tal de economizar costos evitando tercerizaciones de las contratistas, y lograr una mayor celeridad en los trabajos. En este momento se está trabajando en los Pliegos de Condiciones, y se prevé retomar la obra en el segundo semestre del año en curso”, explicó en su Instagram el juez Ricardo Apcarián.
En octubre del año pasado, el Poder Judicial rescindió el contrato del Complejo Judicial de Cipolletti por los incumplimientos de la unión transitoria de empresas compuesta por las firmas Dinale y Pecam.
Es la segunda vez que se frustra un contrato para la megaobra de 11 mil metros cuadrados que pretende darle una solución al esquema de edificios alquilados de Cipolletti. La primera vez la empresa que ganó la licitación nunca desembarcó en el predio de Naciones Unidas. La segunda, la UTE dejó la obra en un 70 por ciento.
Expectativas y “licitaciones fragmentadas”
Por eso, para el resto del 30 por ciento restante se van a hacer licitaciones específicas. Con ese esquema se pretende terminar la obra a finales de este año.
La última contratista registró un avance mensual del 0.8 por ciento. En función de ese resultado, el Poder Judicial le atribuyó una conducta “ineficaz, improductiva e ineficiente”, comunicaron oficialmente cuando se rescindió.
La obra se encuentra aproximadamente en un 70 por ciento y se pretende concluir los trabajos hacia fin de año.
La decisión se adoptó sobre la base de un informe del área de Infraestructura y Arquitectura Judicial. Allí se consignó que las tareas se iniciaron el 11 de diciembre de 2019 con un plazo de 900 días corridos. En la licitación, la unión transitoria de empresas (UTE) entre Pecam y Dinale se quedó con la adjudicación del contrato.
Los incumplimientos
El Poder Judicial en reiteradas oportunidades exigió la incorporación en obra de un equipo técnico profesional acorde a la envergadura de la intervención y compromisos asumidos, cuestión que no se materializó.
A la falta cuantitativa de profesionales y responsables técnicos se le sumó el continuo recambio por parte de la contratista. Pasaron por la obra un total de 22 profesionales entre ingenieros y arquitectos (cinco coordinadores, siete jefes de obra y siete sobrestantes), con un máximo de tres profesionales en simultáneo solo en algunos escasos periodos de la ejecución de la obra, se conoció.
Se cambiaron también siete capataces de obra. En relación a los subcontratistas se produjo un recambio constante. Hubo un total de 34 empresas subcontratistas para los diferentes rubros.
Cada recambio trajo consigo la imposibilidad de establecer una continuidad técnica en la secuencia y criterios acordados para con la obra.
Se pretende agilizar las obras a partir de licitaciones fragmentadas. Foto: Archivo.
En contraposición, el Poder Judicial canceló en tiempo y forma los Certificados de Avances que fueron aprobados y los respectivos ajustes de precio con aplicación de la fórmula para su redeterminación establecida en la legislación provincial vigente. Además, mantuvo de forma permanente a los profesionales asignados: un arquitecto y una arquitecta, un ingeniero civil y un técnico electrónico. Todos ellos abocados exclusivamente al seguimiento y control de la ejecución con un continuo refuerzo para cubrir falencias de la contratista.
Sobre la base de las conclusiones del informe, el Poder Judicial rescindió el vínculo por las causales previstas en el contrato de obra pública, todas atribuibles a las empresas.
Fuente LMC
